El titular de la CGT oficialista, Antonio Caló y varios gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y hasta los hijos del fallecido jefe de ese sindicato, Lorenzo Miguel, fueron imputados del delito de «lavado de dinero» por la fiscal en lo penal económico Gabriela Ruiz Morales.
Fuentes judiciales informaron que la representante del Ministerio Público requirió una investigación penal porque los imputados habrían cobrado 20 mil dólares mensuales de 1987 a 2008, que correspondían al 20 por ciento de la recaudación de seguros de vida y sepelios a los afiliados de la UOM.
El requerimiento de la fiscal fue hecho ante el juez en lo penal económico Pablo Lladarola.
Caló está bajo la mira de la Justicia desde que el abogado de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba, fuera interceptado en 2011 en la terminal de Buquebus cuando intentaba salir del país con 800.000 dólares hacia Uruguay.
Tras su detención, Córdoba denunció que él y otras 13 autoridades de la UOM se repartieron durante 20 años 280.000 dólares por mes, en «prolijos sobres marrones», que provenían del 20% de la recaudación que los afiliados metalúrgicos le pagan al Instituto de Seguros SA en concepto de seguros de vida y sepelio.
Días atrás, los jueces Claudio Gutiérrez de la Cárcova, César Lemos y Luis Losada del Tribunal Oral Penal Económico N°2 condenaron a Córdoba a un año y nueve meses de prisión en suspenso. Y confirmaron que Caló debía ser investigado junto al secretariado de UOM por lavado de dinero.
Caló no solo lidera la CGT más cercana a la Casa Rosada sino que también es uno de los principales aliados gremiales del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli .
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