Aquel día de 1955 el presidente Juan Domingo Perón, mediante decreto 9945, promulgó la ley 14408 que provincializó -junto a otros- el entonces denominado Territorio Nacional del Río Negro, marcando un hito fundamental en la historia de las provincias, hasta entonces marginadas de toda decisión en la vida política del país y de su propia organización federal.
Los territorios nacionales fueron institucionalizados de manera definitiva partir de la ley 1532 del 18 de octubre de 1884 y fijaba que solamente aquellas que contaran con más de sesenta mil habitantes podrían alcanzar la designación de provincias.
Los nueve territorios originales fueron: Chaco, Misiones, Formosa, La Pampa Central, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y, posteriormente, tomando parte de la superficie de Catamarca, Jujuy y Salta, se creó el Territorio Nacional de los Andes.
Es importante señalar que los habitantes de los territorios -nuestros abuelos y nuestros padres- eran literalmente ciudadanos de segunda clase, dado que no gozaban de derechos políticos respecto a los del resto del país, aunque sí estaban obligados a pagar impuestos como cualquier otro.
El camino a la provincialización
Desde la promulgación de la ley 1532 hasta el año 1955 transcurrió un período plagado de propuestas y caminos alternativos para concretar los preceptos fijados en la norma, con una sucesión de marchas y contramarchas en cuanto a la categoría jurisdiccional, contabilizándose la presentación de siete proyectos entre los años 1926 y 1929 para provincializar algunos de aquellos territorios, a los que se le sumarían otros proyectos formulados entre 1919 y 1922 por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, pero que jamás fueron considerados por el Congreso.
De allí la importancia que corresponde aplicar al proceso de provincialización que concretó el primer peronismo, marcando un punto de quiebre con un pasado lleno de contradicciones y saneando viejas injusticias cometidas en contra de los pueblos de las regiones más postergadas y olvidadas de la República.
En efecto: la decisión de convertir los Territorios Nacionales en provincias constituyó un proceso alentado por el gobierno de Juan Perón, como parte de una estrategia de integración, justificada ideológicamente en los principios de igualdad y unidad nacional, direccionada a propiciar la incorporación de nuevas fuerzas políticas y sociales en concordancia con nuestra organización federal y abriendo las esclusas de la historia a las ciudadanos de la periferia.
Para Perón, este hecho trascendente, se resume en estos dichos suyos: “Debemos borrar, de una vez y para siempre, las diferencias entre los habitantes de la Patria, incompatibles con el estado actual de su evolución política y para afirmar, por fin, la igualdad integral de los argentinos”.
Desde aquel 28 de Junio de 1955, cuando el Presidente Juan Domingo Perón promulgó la ley de provincialización de los Territorios Nacionales, transcurrieron 60 años, donde la historia de Río Negro nos hizo pasar de la niñez y adolescencia controlada, a la adultez de la plena autonomía constitucional actual.
Centralidad vs. Autonomía, una lucha desigual para los territorios nacionales
Nuestros antecesores vivieron situaciones donde la palabra injusticia, falta de derechos, arbitrariedades de todo tipo y laya -con la dependencia absoluta del poder central de Buenos Aires- fueron moneda corriente. De allí que el federalismo, como idea clave de nuestra organización nacional, encuentre ejemplos elocuentes de lo que significa su ausencia en la historia rionegrina.
Emprendimientos significativos para el desarrollo quedaron truncos con la complacencia de sectores oligárquicos relacionados con el poder económico y político central, como el ingenio de remolacha azucarera “San Lorenzo” de General Conesa, comprado y destruido por las baronías azucareras del norte, para suprimir la competencia de un producto más barato y de mejor calidad. O el incendio “ocasional” en la “Dirección General de Irrigación”, donde se quemaron para siempre los planos y el proyecto para la construcción del Dique Embalse sobre el arroyo Valcheta, elaborado pacientemente por el geólogo norteamericano que quiso “industrializar la Patagonia”: Bailey Willis.
Aquel fue, además, el territorio nacional que provocó las Aguafuertes Patagónicas de Roberto Arlt, donde denunció los atropellos de los que eran objeto los habitantes del Río Negro.
El Valle Inferior también supo de quebrantos económicos, ya que existían viñedos de calidad, pero los intereses de los vitivinicultores mendocinos provocaron su quiebra a través de una resolución de la Dirección de Territorios Nacionales que ordenó arrancar la parras de nuestros suelos para favorecer a la provincia de cuyo.
El federalismo, huelga decirlo, no sólo refiere a la organización política de la patria sino también a su organización económica. Por eso subrayamos la importancia de no perder jamás de vista el ideario federal que legamos de los hombres más importantes de nuestra historia.
Hay otros casos realmente significativos: cuando llegó el ferrocarril de capitales ingleses hasta el Alto Valle, una de sus empresas hizo arrancar todos los frutales existentes de manzanas, peras y viñas y exigió a los colonos que plantaran variedades de manzanas Red Delicius y Granny Shmith, caso contrario no transportaría las mismas a los grandes mercados.
A ello debería agregarse la situación de explotación de los trabajadores, muchos de ellos viviendo en situaciones serviles, propias del medioevo, en los campos en la Región Sur, situación que recién comenzó a menguar con la puesta en marcha del Estatuto del Peón Rural.
Por eso no es casual que Juan Domingo Perón haya sido el que transformó los Territorios Nacionales en provincias, porque es producto de la concepción de la “comunidad organizada” que él tuvo, entendiendo que no podía haber habitantes sin derechos cívicos en ninguna parte del vasto territorio de la patria.
El ordenamiento territorial e institucional
Para realizar estas políticas e incorporar a los pueblos de los territorios a la vida ciudadana, la implementación de la obra pública constituyó un elemento básico para que cada nueva provincia sea sustentable, como por ejemplo la construcción de las obras de riego en el valle inferior del río Negro o la canalización y sistematización del valle medio y la usina Céspedes en Pomona.
Nuestra provincia, desde su mismo nacimiento, tuvo que luchar en todos los niveles, teniendo en cuenta que nace en uno de los momentos más aciagos de nuestra historia nacional: la ley de creación se dictó mientras era bombardeada la Plaza de Mayo y poco antes del golpe de 1955, momento a partir del cual se buscó suprimir los avances experimentados por el pueblo argentino durante los nueve años anteriores y la proscripción del peronismo constituyó el signo más evidente de la fiebre autoritaria que se instaló en el país como una peste de la que todavía hoy cuesta liberarse.
Es dable aclarar que todos los instrumentos legales para ser provincia, como la Constitución, la conformación de los poderes del Estado y la organización de la burocracia estatal fueron diseñados y ejecutados con la ausencia total del peronismo, que recién el año 1973 pudo ser gobierno a través la gestión de Mario José Franco aunque ello no invalida reconocer los méritos y la inteligencia del Gobernador Castello, que prohijó las bases de lo que sería el futuro estado de Río Negro, impronta aún presente en realizaciones actuales y en proyectos que mantienen su vigencia de cara a los tiempos que vendrán.
Recién a partir de 1983 comenzamos a practicar todos los rionegrinos las bondades de una vida en democracia con el pleno ejercicio de los derechos civiles. Y hoy, a 60 años de su creación, nuestra provincia nos exige un nuevo desafío: repensarla desde aquellos acontecimientos que nos permiten advertir que su destino de grandeza se cifra en la convicción y en la defensa de las ideas federales.
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