El ex intendente de Escobar y ex subcomisario y el secuestro de un ex diputado nacional en la última dictadura militar, entre otros delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El dos veces intendente de Escobar, diputado electo impedido de asumir su banca por las denuncias en su contra y ex subcomisario de la Policía Bonaerense recibió así la primera condena en su vida, en particular por la privación ilegal de la libertad y partícipe primario del asesinato del militante de la Juventud Peronista, Gastón Goncalvez, y el secuestro del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, asesinado luego en un simulacro de accidente.
El Tribunal Oral Federal 1 encuadró además los delitos como de «lesa humanidad» y ordenó revocar beneficios de prisión domiciliaria vigentes para que todos los condenados cumplan sus penas en cárceles comunes, decisión que provocó un cerrado aplauso en la sala de audiencias del auditorio Hugo del Carril en la localidad bonaerense de José León Suárez.
El veredicto fue leído por la presidenta del Tribunal, Lucila Larrandart, quien también actuará como jueza de ejecución penal, es decir, instrumentará la condena a la hora de resolver el traslado a establecimientos penitenciarios, aunque aún habrá que definir si esto se cumplirá de inmediato o una vez que la pena quede firme, ya que será apelada por las defensas ante la Cámara Nacional de Casación Penal.
Internado. En el caso de Patti, aún permanece internado bajo custodia en la clínica privada Fleni de Escobar, tras sufrir un accidente cerebro vascular y se presentó al juicio casi siempre en camilla mientras que siguió casi todas las audiencias desde una ambulancia estacionada en el ingreso al recinto.
El veredicto se dio a conocer al término de un juicio oral donde se condenó además a perpetua al ex dictador Reynaldo Bignone, al ex general Santiago Omar Riveros, al ex agente de Inteligencia del Ejército Martín Rodriguez y a seis años de cárcel al ex comisario de Escobar Juan Fernando Meneghini.
Los jueces Larrandart, Horacio Segretti y Lucia Cassain hicieron público el fallo ante un auditorio colmado donde se enarbolaron fotos de víctimas de la represión ilegal, en medio de aplausos que obligaron a interrumpir varias veces la lectura y con el trasfondo de bombos y gritos de alegría que se escuchaban en la calle, donde manifestaban grupos de izquierda y derechos humanos.
La audiencia final del juicio no contó con la presencia de Patti en el recinto ya que el único acusado que escuchó la condena en persona fue su ex superior en la comisaría de Escobar y también condenado por primera vez, Meneghini.
En la sala estuvieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, amigo del secuestrado y asesinado ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, y representantes de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora como Laura Bonaparte y Tati Almeida, además de familiares de las víctimas que actúan como querellantes en el caso y que se ubicaron sobre el escenario que ofició de estrado, detrás de sus abogados.
Causas. Patti fue juzgado desde setiembre de 2010 y condenado hoy por el secuestro de militantes de la JP en Escobar, entre ellos de Gastón Goncalvez, por cuyo asesinato fue encontrado partícipe primario; de la privación ilegal de la libertad del ex diputado Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández y también del secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes de la zona, todo apenas concretado el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
Para los jueces Patti es culpable también de «tormentos agravados a un perseguido político» en referencia a Muñiz Barreto y otros dos casos por los que fue condenado, los de Guillermo y Luis D+Amico, desaparecidos.
Salvo en el caso del ex comisario Meneghini, las condenas coincidieron con los pedidos de pena hechos por los fiscales Marcelo Garcia Berro, Javier De Luca y Juan Murray y los querellantes hijos de Goncalvez, Gastón y Manuel y los hijos de Muñiz Barreto, Juana y Antonio y Maria Isabel D+Amico, presentes todos en la audiencia.
Además actuaron como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la de la Provincia de Buenos Aires y organismos de derechos humanos.