El gobernador de Utah, el republicano Gary Herbert, valora si promulgará la ley aprobada este martes en el Senado estatal que autoriza el uso de un escuadrón de fusilamiento para ejecutar a presos condenados a muerte.
Los legisladores votaron a favor de reinstaurar este método, que quedó relegado en Utah en 2004, en caso de que el estado no sea capaz de conseguir inyecciones letales, cuyos suministros son cada vez más difíciles de obtener.
La aprobación de la ley en el Senado estatal ha levantado tal polémica que ahora es incierto si Herbert la promulgará, según fuentes de su oficina.
Estamos centrados en explorar todas las opciones razonables y legales para obtener esas sustancias y asegurar que, cuando sea necesario, estemos en condiciones de ejecutar las sentencias con una inyección letal», dijo a medios locales una portavoz de la Gobernación de Utah, Marty Carpenter.
«Nuestro estado, como en el resto de estados del país, está encontrando cada vez más obstáculos para obtener las sustancias requeridas para una inyección letal», señaló, al reconocer que en estos momentos Utah no dispone de ellas.
Desde que la pena capital se reinstauró en Estados Unidos en 1976, solo tres de los mil 403 presos ejecutados lo han sido por fusilamiento: dos en Utah y uno en Oklahoma.
Utah es, de hecho, el último estado que ejecutó a un condenado a muerte por fusilamiento: fue el caso de Ronnie Lee Gardner en 2010, que optó voluntariamente por ese método.
Aunque el estado decretó en 2004 la inyección letal como el método prioritario, los condenados a muerte antes de ese año aún pueden elegir si prefieren hacerlo así o por fusilamiento.
Oklahoma, por su parte, prevé usar el fusilamiento en caso de que las inyecciones se declaren inconstitucionales.
En 2011 los estados empezaron a tener problemas con el suministro de las sustancias que se usan en las inyecciones después de que la empresa estadounidense Hospira dejara de producir el componente esencial de la mezcla.
Desde entonces han ido probando fórmulas nuevas, que el año pasado fallaron en tres ocasiones provocando sufrimiento prolongado en esos presos antes de la muerte.
Más allá de los problemas de suministro, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia la legalidad del uso del polémico midazolam, la sustancia que falló, por lo que las ejecuciones en estados como Oklahoma, Florida o Ohio están temporalmente suspendidas.
El año pasado Tennessee aprobó una ley similar a la de Utah por la que reinstauró la silla eléctrica como método de ejecución.
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