El gobernador dio a conocer seis medidas que tienen por objetivo evitar la destrucción de bosques como forma de especular con el negocio inmobiliario. De esta manera, prohibió la cesión, división y venta de hectáreas de bosque nativo temporalmente. Además creó un comité que revisará todas las cesiones y ventas realizadas en los últimos años, con la potestad de quitar la tierra cuando se detecte una maniobra irregular.
Desde el 17 de febrero Cholila vive los peores días de su historia. El fuego continúa haciendo estragos en el bosque de la zona y ya arrasó con más de 30 mil hectáreas. Ayer el clima dio un poco de tregua a los brigadistas que trabajan en la zona, y también a la comunidad afectada por la intensidad del fuego. Es que la lluvia fue aliciente para la comunidad, como también la llegada de nuevos brigadistas.
Según se informó, temprano arribaron 120 personas del Ejército que también envió cocinas y comedores de campaña. Más tarde lo hicieron 30 brigadistas de la provincia de Buenos Aires, 40 infantes de Marina y un importante número de bomberos voluntarios de Chubut.
De esta forma, se suman esfuerzos para fortalecer el trabajo de los brigadistas. Mientras tanto, tal como se había anunciado, por la tarde el gobernador Martín Buzzi anunció una serie de medidas en relación a la polémica por el presunto trasfondo inmobiliario que denunció rodean a estos incendios.
Fue en una conferencia realizada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno en Rawson, donde estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour; y el viceministro coordinador de Gabinete, Oscar Currilén. En sus declaraciones Buzzi indicó que las medidas fueron tomadas «en función de la situación que estamos viviendo en toda la zona andina, que es muy compleja y en donde hay que poner un punto final y definitivo”.
«Es cierto que estamos enfrentando una situación de incendios forestales, pero también es cierto que gran parte de ellos son provocados de manera ex profeso. Y no es ninguna novedad que en los veranos en la zona andino patagónica tengamos incendios que sean provocados por los más diferentes motivos, pero que tienen móviles internos», aclaró sobre este negocio.
Según explicó, hace años a los pobladores antiguos el Gobierno provincial les otorgó la tenencia precaria de la tierra con derecho a pastoreo, con un costo de $2 la hectárea por su historia en el lugar. Sin embargo, en algunos casos luego vendieron los campos a valor de $4 la hectárea.
De esta forma, hubo compradores que luego las revendieron, tazando las hectáreas entre $40.000 y $100.000 dólares. Este sería el desencadenante de la especulación con el fuego.
Durante la conferencia Buzzi informó que se conformó una comisión que funcionará durante 120 días. La misma será encabezada por el ministro coordinador de Gabinete, Juan Garitano, y tendrá como objetivo revisar las entregas de tierras que pasaron de antiguos pobladores a otros nuevos que tiene la zona. La comisión tendrá poder para revocar la tenencia y, como obligación, informar todo lo que surja de su análisis.
Por otro lado, el gobernador ordenó a Catastro que no se vendan, dividan o subdividan las tierras afectadas por el fuego, lo cual será reglamentado mediante un decreto provincial.
Además, se dio instrucciones al Ministerio de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos para trabajar en la recuperación del Bosque Andino Patagónico, con el apoyo de la Jefatura de Gabinete Nacional.
También se congelaron todas las transferencias, división, subdivisión o loteo de tierra en la zona Andino Patagónica de la Comarca de Los Andes. Esto hasta que la Legislatura sancione la ley que deviene del artículo 105 de la Constitución Provincial «que dice con todas las letras que para poder enajenar bosques tiene que haber cuatro quintos de los votos de la Legislatura», afirmó Buzzi.
También se decidió a partir de hoy intervenir el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento (IAC). Será a través de Gabriela Dufour con el objetivo de disolver el IAC, al cual lo reemplazará el Instituto de Regulación del Uso y Tenencia de la Tierra, que tendrá como objetivo preservar y desarrollar un plan de desarrollo territorial.
Mientras tanto, la sexta medida consiste en convocar a todos los Concejos Deliberantes para que adhieran a estas leyes provinciales y decretos.
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