El Gobierno provincial presentó ante la Fiscalía una denuncia por cercenar la libertad de trabajo, contra los tenedores de Letras que ocupan la Delegación de Economía de Río Grande y no permitieron este lunes el ingreso del personal.
Los proveedores reclaman la cancelación de las Letras de Tesorería en su poder, pese a que los expedientes fueron observados por los organismos de contralor y se encuentran bajo proceso de verificación, para comprobar si los servicios fueron efectivamente prestados.
Patricia Oliva, delegada del Ministerio, señaló que “se efectuó una ampliación de la denuncia para que intervenga la Fiscalía, ya que se está cercenando el derecho a trabajar”, y aunque si bien aclaró que la toma del edificio púbico “se realizó de manera totalmente pacífica”, al horario de ingreso “se le prohibió al personal la entrada inclusive al hall central”, motivo por el que debieron suspenderse las actividades.
La funcionaria, explicó que el pasado viernes “se les propuso a los proveedores que vinieran este martes para proporcionarles información sobre la situación en que se encuentran las actuaciones de sus expedientes, pero ellos no aceptaron”.