Mientras que en la Argentina esta semana terminó la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso del juicio iniciado por la modelo María Belén Rodríguez contra los buscadores Google y Yahoo por daños y perjuicios, en Europa Google presentó ayer una nueva herramienta de denuncia digital para los ciudadanos. Se trata de un formulario web que le permite a los europeos pedir la supresión de resultados de las búsquedas que incluyan sus nombres y arrojen resultados que puedan considerarse “inadecuados, irrelevantes o que han dejado de ser relevantes”.
El anuncio de la disponibilidad de este servicio se realiza luego de que el 13 de mayo último el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminara que los ciudadanos tienen derecho de pedir directamente al buscador que elimine información personal si esta es perjudicial o inexacta. “La sentencia obliga a Google a encontrar un difícil equilibrio entre el derecho del individuo a ser olvidado y el derecho del público a saber”, declararon voceros de la compañía. Google aseguró que creará un comité de consulta para ayudar a establecer este equilibrio del que participarán personalidades como Jimmy Wales, fundador de Wikipedia y Luciano Floridi, profesor de ética del Instituto Oxford Internet.
El formulario de denuncia, que se titula “Supresión de contenido de Google”, está ubicado en la pestaña de ayuda y exige que los usuarios se identifiquen, concreten qué vínculos (links) quieren eliminar y expliquen el motivo. Los particulares deberán enviar una copia de su documento de identidad y poner su firma electrónica en el formulario. Google ya ofrece una herramienta de denuncia disponible en todo el mundo, pero de menor rigurosidad que la anunciada en Europa.
Impacto. Sobre las repercusiones que podría tener este anuncio en la Argentina, las posiciones son encontradas: “La decisión del Tribunal europeo es problemática para el ejercicio del derecho a la información. No debería ser un antecedente sobre el cual se resuelvan cuestiones similares en nuestro país, ya que Argentina está bajo el paraguas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el cual otorga una especialísima protección la libertad de expresión, incluso cuando se encuentra en tensión con otros derechos”, le dijo a PERFIL Eleonora Rabinovich, directora adjunta de la Asociación por los Derechos Civiles. Según Rabinovich, el marco de protección que otorga el SIDH es más amplio que, por ejemplo, el sistema europeo.
En cambio, Martín Leguizamón Peña, abogado defensor de la modelo cordobesa cuyo caso llegó a la Corte, festejó la noticia: “Esto demuestra que no es tan difícil que los buscadores ofrezcan herramientas de denuncia, es algo que se tendría que haber hecho hace tiempo. Es deseable que esta decisión de crear una herramienta para que el ciudadano pueda denunciar se aplique también en el país”.
Un fallo clave para el futuro de Internet
Al ser el primero en llegar a la Corte, el caso de la modelo María Belén Rodríguez que demanda a las empresas Google y Yahoo! por daños y perjuicios al vincularla en sus búsquedas con sitios pornográficos, puede sentar precedentes en cómo la justicia argentina considere la responsabilidad que tienen los intermediarios de Internet(como los buscadores) por contenidos publicados por terceros. En nuestro país, ya existen más de 150 demandas similares.
“Google sostiene que no hay daño, que el hecho es ajeno, que no les corresponde responsabilidad alguna. Nosotros sostenemos que no es así, que tanto Google y Yahoo! capturan contenidos y elaboran índices conforme a criterios establecidos que responden al provecho de las compañías”, dijo durante su exposición Alejandro Arauz Castex, abogado de la modelo cordobesa. Por su parte, el representante legal de Google, Mariano Florencio Grondona, dijo que no se le puede imponer a los buscadores la carga de controlar contenidos. En ese sentido, organizaciones de derechos humanos consideran que los intermediarios no deben ser en principio responsabilizados por los contenidos que producen y publican los usuarios. Ahora será la Corte quien deberá determinar la responsabilidad o no de los buscadores.
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