El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó hoy que la responsabilidad por la «seguridad pública» corresponde «a las provincias», y apuntó al distrito gobernado por Daniel Scioli al asegurar que «cualquier iniciativa» que se discuta en el ámbito de la Legislatura local, «la caja de resonancia» y «la decisión» corresponde al territorio bonaerense.
Al ser consultado si el gobierno nacional dispondría de alguna medida en materia de seguridad, a raíz del impulso por parte de intendentes bonaerenses de las policías municipales, Capitanich deslindó responsabilidades del Poder Ejecutivo nacional.
«En materia de seguridad pública, la competencia básica, esencial e indelegable, corresponde a las provincias argentinas», dejó en claro el funcionario.
Asimismo, avanzó sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, donde uno de los debates entre el sciolismo y la oposición (sobre todo con el Frente Renovador de Sergio Massa), que se da en la Legislatura tiene que ver con la inseguridad y la implementación de policías municipales.
«Cualquier iniciativa que tenga que ver con el debate en el ámbito de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, la caja de resonancia es la provincia de Buenos Aires y la decisión es de la provincia de Buenos Aires», remarcó Capitanich. De esa manera, el funcionario puso el acento en el territorio de Scioli, en medio de especulaciones sobre la disputa entre ambos por instalarse como los sucesores en el 2015 de la presidenta, Cristina Fernández.
Con respecto a la situación de Gendarmería Nacional, que colabora en la seguridad en territorio bonaerense, Capitanich explicó que esta fuerza de seguridad «tiene una misión específica que cumplir» y enfatizó que el Gobierno «naturalmente» hace «un esfuerzo de coordinación para generar apoyo por parte de Estado nacional para garantizar mecanismos de prevención sistémicas».
«Nosotros estamos trabajando en agenda bilateral con muchos gobernadores, para establecer metas desde el punto de vista de inversión, equipamientos y patrulleros; pero también para reformas desde el punto de vista legal, también para la participación social y ciudadana», sentenció el ex gobernador de Chaco.
No obstante, remarcó como condición de ese trabajo con los gobernadores que quede claro que «la competencia básica esencial e indelegable de la seguridad pública corresponde a las provincias argentinas».
De esa manera, el chaqueño ratificó la línea plasmada por el gobierno nacional en los últimos años, en la que sólo asume el rol de proveedor de fondos y de equipamiento, pero que se desliga de cualquier iniciativa a nivel de política contra el delito.
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