Finalmente, el presidente de Vialidad Provincial, Eduardo D’Andrea, no podrá percibir el crédito a tasa blanda de más de un cuarto de millón de pesos que había solicitado en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y cuyo otorgamiento había aprobado el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Al conocerse la noticia de que el Organismo de Control había dado su aval para la operatoria que desató una ola de repudios que derivó en un escándalo interno en sede del propio Tribunal, pero el camino seguía allanado para que el cuestionado funcionario obtuviera su préstamo “social”.
El obstáculo insalvable, finalmente, lo puso el presidente del IPV que se hizo eco de la indignación general y dispuso excluir a los funcionarios públicos del listado de posibles beneficiarios de créditos otorgados por la entidad.
José Luis Del Giudice firmó este miércoles una resolución por la cual se inhibe a todos los funcionarios públicos de los tres poderes, tanto provinciales como municipales, para ser beneficiarios de créditos del IPV, al menos en la operatoria por la cual había ingresado la solicitud de D’Andrea.
Existen otras operatorias en el IPV, con objetivos de ayuda social, aunque para acceder a ellas los funcionarios deberían probar encontrarse en estado de necesidad económica algo que, al menos en principio, no se condice con la situación de D’Andrea ni de ningún otro funcionario provincial, conforme a las generosas dietas que abona el estado fueguino, al igual que los municipios.
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