La industria textil de Río Grande atraviesa un período de estancamiento productivo y laboral, según explicó Rodrigo Cárcamo, secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). En diálogo con Radio Fueguina, el dirigente señaló que las empresas del rubro mantienen una capacidad operativa limitada, sin perspectivas de recuperación a corto plazo. «Se ha estancado, por así decirlo. Pero las perspectivas que nos transmiten desde las mismas empresas no son alentadoras ni vamos a decir que van a poder volver a tomar gente», afirmó.
Cárcamo precisó que la producción no supera el 35% en las plantas locales, un nivel que ya provocó despidos masivos. «En su momento teníamos un total de 1.100 familias en todo el sector y hoy estamos alrededor de 460-480 trabajadores», reveló. Aunque destacó que los salarios -aproximadamente $2.5 millones mensuales- se preservaron gracias al beneficio de Zona, alertó sobre nuevos riesgos: «La apertura de importaciones está sucediendo mucho más fuerte. Se bajaron los aranceles de importación. Esto va a repercutir en junio o julio».
El problema de fondo, según el sindicalista, es la caída del consumo. «La rueda virtuosa del consumo está frenada», sostuvo, y reconoció que el sector enfrenta una competencia desigual: «Lo que piden las cámaras y los sindicatos es que haya igualdad de condiciones para competir. Lo que entra, entra con muy bajo gravamen».
Respecto al panorama empresarial, Cárcamo mencionó que tres compañías ya cerraron, mientras Australtex y Sueño Fueguino continúan operando mediante recursos legales tras quedar excluidas de la Ley 19.640. «Los tiempos de la justicia no son los tiempos que necesitan los trabajadores», lamentó.
Pese a la relativa estabilidad actual -jornadas completas y pagos regulares-, persiste la incertidumbre. «Los primeros meses del año fueron bastante angustiosos. Hoy no hay tranquilidad, pero mientras haya trabajo y nos estén pagando, los compañeros están un poco más tranquilos», concluyó, sin ocultar su preocupación por las presiones del FMI para eliminar los beneficios fiscales que sostienen la actividad en Tierra del Fuego.
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