La situación de los jubilados municipales de Río Grande es crítica. Así lo dejaron en claro Gerardo Torres, presidente de la Asociación de Jubilados Municipales; Ricardo Costilla, afiliado; y Yamyle Muñoz, tesorera, durante una entrevista en FM Master’s. Los tres coincidieron en que la obra social atraviesa una crisis profunda, marcada por la mala administración, los sobreprecios en medicamentos y la falta de respuestas por parte de las autoridades.
«Enojados por la situación de la obra social, enojados por la situación en sí del jubilado, a la hora de buscar una medicación, a la hora de buscar una farmacia, y te encontrás con una realidad que viene de hace rato», expresó Torres. El dirigente detalló que los afiliados deben esperar horas en la única farmacia disponible, sin acceso siquiera a un baño. «Hace poco se nos descompensó un jubilado, un mes atrás se descompensó otro, no hace mucho falleció alguien. No sé qué están esperando, si empiezan a morir adentro», agregó con indignación.
Uno de los puntos más graves es el desfinanciamiento de la obra social. Costilla denunció que hay evidencias de sobreprecios en insumos médicos: «Un nuevo análisis que vale cuatrocientos mil pesos en el norte, acá vale cuatro millones. Un tornillo para una cadera acá cuesta un millón y en el norte, cien mil». Según explicó, esto se debe a intermediarios que fragmentan los fondos: «Hay quiosco en el medio, donde uno queda con un 10%, otro con un 20%, y la plata se va quedando en el camino».
Torres responsabilizó por la crisis, en parte, al crecimiento desmedido de la planta política: «Hace un año eran 30 empleados, hoy son entre 60 y 70, y le cuestan a la obra social 480 millones de pesos».
Muñoz, por su parte, destacó que el problema no solo afecta a los jubilados, sino a todos los afiliados: «No entiendo por qué el activo no despierta. El día de mañana van a estar en nuestra situación». También mencionó las dificultades económicas: «El municipio tiene sueldos bajos, por lo tanto nuestra jubilación es la más baja. Hay quienes cobran 500 o 600 mil pesos, y el que mejor está no supera el millón y medio».
Pese a las adversidades, la asociación busca contener a sus afiliados con talleres, beneficios en comercios y cursos de computación. «Pretendemos darles algo más, porque el jubilado hoy necesita ayuda en todo», afirmó Muñoz. Sin embargo, insisten en que las soluciones de fondo deben venir de las autoridades. «No queremos parches, queremos una solución que perdure», concluyó.
El jueves tendrán una nueva reunión en la Legislatura, donde esperan respuestas concretas. Mientras tanto, el enojo y la preocupación siguen creciendo entre quienes dedicaron décadas al servicio público y hoy se sienten abandonados.
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