El IPVyH detectó casos de ocupación y venta irregulares

La presidenta del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), arquitecta Laura Montes, confirmó que se detectaron intentos de venta irregular de viviendas sociales adjudicadas a afiliados de ATE en Tierra del Fuego, tras publicaciones en redes sociales, principalmente en grupos cerrados de Facebook. Durante el fin de semana se realizaron inspecciones en 120 viviendas, donde solo 50 personas atendieron a los inspectores, y se detectaron al menos cuatro casos en los que los ocupantes no eran los adjudicatarios originales.

Montes señaló que el hallazgo de 70 viviendas sin respuesta sorprendió al organismo, ya que se esperaba un número mucho menor de casos irregulares. “Seguramente algunas personas no estaban por ser fin de semana, pero entendemos que muchas simplemente no quisieron atender”, explicó. A raíz de esto, indició que desde la institución continuarán con inspecciones sin previo aviso y se pidió al gremio colaboración para identificar quiénes habitan efectivamente las viviendas.

Las unidades fueron entregadas en octubre de 2021 mediante un fideicomiso impulsado por ATE y el IPVyH, con aportes nacionales y del instituto provincial. Tras la disolución del fideicomiso ante la IGJ, el IPV asumió la responsabilidad de regularizar los contratos y establecer un nuevo esquema de pagos, ya que las cuotas pactadas inicialmente nunca se cobraron.

La funcionaria advirtió que quienes intenten vender estas viviendas están cometiendo una estafa, dado que aún no son propietarios legales, y detalló que el área legal del IPV ya se contactó con algunos de ellos. El gremio ATE será informado sobre los nuevos contratos, condiciones de amortización y actualizaciones de valor, pero la relación contractual será entre el IPVyH y los adjudicatarios.

El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat también solicitó información a la Cooperativa Eléctrica para identificar el uso efectivo de las viviendas y aseguró que se actuará con firmeza para desadjudicar a quienes no cumplan con los criterios establecidos. “Hay jurisprudencia suficiente para avanzar en desalojos de ocupaciones irregulares”, concluyó Montes.