En una entrevista con Radio Fueguina, el abogado Raúl Paderne aseguró que el decreto de convocatoria a la reforma constitucional de Tierra del Fuego no presenta irregularidades formales ni sustanciales, luego de que el Juzgado de Instrucción N°1 desestimara las denuncias presentadas por el legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi.
Paderne explicó que las acusaciones se centraban en dos aspectos: un supuesto antidatado en la emisión del decreto y una posible irregularidad en la firma de la ministra de Obras Públicas Gabriela Castillo. Sin embargo, señaló que «se acreditó por un lado que no estaba antidatado con respecto a lo que refería el doctor Rossi. Ni antidatado ni tampoco tenía inconveniente en la firma de la ministra Castillo porque la ley de subrogancia precisamente lo establecía».
Respecto al antidatado -práctica de fechar un documento con una fecha anterior a la real-, el letrado detalló que «la sospecha que sobre el particular hizo la denuncia de Rossi refería específicamente a eso y con consideración a un apagón que había habido en la ciudad de Ushuaia». No obstante, tras un allanamiento en Casa de Gobierno y pericias técnicas, se comprobó que «cumplió con todos los requisitos».
Sobre el rol de la ministra Castillo, Paderne, quien la representó legalmente, aclaró que el decreto solo llevaba las firmas del gobernador y la ministra, sin otras intervenciones. «El decreto tiene la firma del señor gobernador y la refrenda de Castillo. Nada más», precisó.
Pese a este cierre en la esfera penal, Paderne admitió que el proceso aún enfrenta un «final abierto» en el Superior Tribunal de Justicia, donde se debate si la convocatoria cumple con los requisitos constitucionales. «Es muy difícil opinar sobre eso. Sí creo que se va a encontrar un camino que refiera a la continuidad del proceso con alguna modificación», señaló, aunque evitó especular sobre el fallo.
Consultado sobre los próximos pasos, el abogado subrayó que la decisión del STJ definirá el rumbo: «Seguramente después de esa sentencia quedará claro el camino a seguir». Mientras tanto, descartó que las impugnaciones judiciales afecten la validez del decreto, al menos desde lo penal: «Aquí hemos demostrado que no hubo ninguna irregularidad».
Con el decreto legalmente respaldado en lo formal, la atención ahora se traslada al ámbito constitucional, donde el Superior Tribunal de Justicia deberá determinar si la reforma avanza o si, por el contrario, requiere ajustes en su convocatoria.
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