Luego de la fuga de los internos Cristian Acosta y Daniel Vera ocurrida el pasado fin de semana, se ha abierto una investigación judicial y administrativa para esclarecer las responsabilidades de los encargados de la seguridad en la Alcaidía Central de Ushuaia, a raíz de las graves omisiones en el cumplimiento de sus funciones y la posible complicidad en el suceso.
El escape de los reclusos generó una profunda crisis interna dentro del Servicio Penitenciario, evidenciando serias deficiencias en los procedimientos de seguridad, tanto en el momento de la fuga como en los controles previos y posteriores. A pesar de que los internos fueron recapturados rápidamente, varios hechos apuntan a negligencia y fallas en el sistema de custodia.
Según las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, la fuga ocurrió alrededor de las 16:00 del sábado, pero lo que resulta más alarmante es que el centro de monitoreo de la alcaidía no detectó que, el día anterior, uno de los internos había manipulado una cámara de seguridad, desactivando la visibilidad sobre la puerta de emergencia que luego fue forzada. Esta alteración solo fue advertida después de la fuga, lo que demuestra una grave falta de supervisión.
Además, durante el recuento nocturno del sábado, no se observó que los reclusos habían dejado objetos debajo de sus camas. Otra omisión que resulta inexplicable es la ración de comida de ambos internos, la cuales permanecieron intactas durante la noche del pasado viernes, y el desayuno del sábado. Esto generó una cadena de errores que llamaron la atención a las autoridades para investigar el hecho a fondo.
Como medida preventiva, la jefatura del Servicio Penitenciario resolvió disponer el pase a disponibilidad de dos oficiales y dos responsables de la guardia, a fin de iniciar un sumario administrativo. En paralelo, el Juzgado de Instrucción 3 ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los penitenciarios involucrados para determinar si hubo algún tipo de colaboración o planificación en la fuga.
Los internos recapturados fueron trasladados a la Unidad de Detención 1 de Río Grande como parte de las sanciones disciplinarias. Además, se anunció el traslado de una docena de internos al nuevo Anexo en Río Grande, buscando aliviar la sobrepoblación en la alcaidía de Ushuaia.
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