Más de 400 trabajadores de la petrolera estatal YPF han firmado acuerdos de retiro voluntario en Santa Cruz, en el marco de un proceso que redefine el panorama energético de la provincia.
La decisión de la empresa de abandonar sus operaciones en yacimientos convencionales de la región forma parte de una estrategia orientada a concentrar recursos en áreas de mayor rentabilidad, como Vaca Muerta, según informó La Opinión Austral.
La propuesta de YPF, que incluye una indemnización equivalente al 120% del monto habitual, está disponible para 2.500 empleados, entre personal propio y contratistas, hasta el 31 de enero. Este plan busca facilitar la salida de la compañía de la provincia y minimizar el impacto en los trabajadores, mientras el Gobierno de Santa Cruz gestiona la continuidad operativa de los yacimientos a través de nuevas empresas.
Según se detalló, esta semana YPF avanzó en reuniones con la Cámara de Empresas de Servicios de la Cuenca del Golfo San Jorge, donde se coordinaron acuerdos y se delinearon pasos a seguir antes del cierre definitivo de la oferta.
Las autoridades provinciales, por su parte, buscan garantizar que las torres de perforación y los equipos continúen activos bajo la dirección de futuros operadores, para mitigar las consecuencias sociales y económicas del retiro de la empresa.
La decisión de YPF se enmarca en el Proyecto Andes, una política lanzada a principios de 2024 durante el gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo es optimizar el portafolio de campos convencionales de la compañía. Este plan implica la venta de 30 áreas petroleras agrupadas en 11 clústeres, distribuidas en provincias como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. En palabras del presidente de YPF, Horacio Marín, “el objetivo es generar rentabilidad y no permanecer en aquellos lugares donde la empresa vaya a pérdida”.
El proyecto Andes subraya la estrategia de racionalización de la petrolera estatal, que prioriza inversiones en yacimientos no convencionales de alto rendimiento, como Vaca Muerta. Este enfoque responde a un criterio de maximización del valor por dólar invertido, según expresó Marín, y marca un giro en la política de la compañía hacia una estructura más competitiva y eficiente.
La salida de YPF de Santa Cruz también implica desafíos para la región, que históricamente ha dependido de la actividad hidrocarburífera como motor económico. Más allá de las indemnizaciones ofrecidas, el futuro de cientos de familias y contratistas vinculados a la actividad petrolera depende de la capacidad del gobierno provincial para atraer y consolidar nuevas operadoras que asuman la explotación de los yacimientos abandonados.
En este contexto, la transición no solo representa un cambio en la estrategia empresarial de YPF, sino que también redefine el mapa energético y social de Santa Cruz, dejando en evidencia las tensiones entre los intereses de rentabilidad corporativa y las realidades económicas de las comunidades petroleras.
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