El análisis de los giros de coparticipación durante 2024 evidenció una caída real del 9,8% en comparación con el año anterior, lo que implicó una pérdida acumulada de $4,2 billones para las provincias argentinas. En este marco, Tierra del Fuego se posicionó entre las jurisdicciones menos perjudicadas, con una merma del 8,9%, ligeramente por debajo del promedio nacional.
La dinámica de los recursos se dio en un contexto marcado por decisiones inéditas a nivel federal. El presidente Javier Milei prorrogó por segunda vez el Presupuesto 2023, decisión que coincidió con la publicación de los datos de coparticipación correspondientes a diciembre. En dicho mes, los giros mostraron un crecimiento real del 1,4% interanual, aunque no lograron revertir la tendencia decreciente del año.
Todas las provincias registraron retrocesos en sus ingresos coparticipables. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-8,6%) y Tierra del Fuego (-8,9%) fueron las menos afectadas, mientras que la provincia de Buenos Aires sufrió el mayor impacto, con una caída del 10,9%. Estos datos reflejan una distribución dispar en el impacto financiero sobre las distintas jurisdicciones.
Otro factor relevante fue el comportamiento de los recursos provenientes de las compensaciones del Consenso Fiscal, que representan el 3% del total de transferencias automáticas. Estos mostraron una caída del 57,2% en términos reales interanuales. La drástica reducción estuvo vinculada con la base comparativa: en diciembre de 2023, el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, transfirió una significativa porción de estos fondos a las provincias, correspondientes a deudas acumuladas de años anteriores.
En términos de transferencias automáticas per cápita, Tierra del Fuego se ubicó entre las provincias con mayores ingresos, recibiendo más de $200.000 por habitante. Junto a Catamarca, Formosa, La Rioja y La Pampa, lideró este segmento. En contraste, jurisdicciones como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y CABA captaron menos de $100.000 per cápita, mientras que el promedio nacional se situó en $92.512.
La conjunción de estas variables financieras y políticas configura un panorama complejo para las administraciones provinciales, que deberán afrontar 2025 con márgenes de maniobra presupuestaria más estrechos y estrategias de gestión ajustadas a las nuevas realidades económicas.
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