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Desde el 1 de enero

La receta electrónica ya es obligatoria en la prescripción de medicamentos

El sistema de receta electrónica ya es obligatorio en Argentina, una búsqueda de modernizar la prescripción de medicamentos, garantizar trazabilidad y reducir errores.

Desde el 1° de enero comenzó a regir en Argentina el sistema de receta electrónica como única modalidad válida para la prescripción de medicamentos que no sean de venta libre, salvo algunas excepciones específicas.

La medida, formalizada en el decreto 345/2024 y sustentada en la Ley Nacional de Recetas Electrónicas (Nº 27.553), apunta a modernizar y transparentar el proceso de prescripción y dispensación de medicamentos.

El Ministerio de Salud estableció un plazo de 180 días, iniciado el 1 de julio de 2024, para que las plataformas y repositorios digitales se adecuaran al nuevo sistema, cuyo límite venció el 31 de diciembre pasado.

Con esta implementación, se busca simplificar los procedimientos administrativos, garantizar una mayor trazabilidad de las recetas emitidas y reducir errores asociados a la interpretación de la escritura de los profesionales de la salud.

La cartera sanitaria explicó que «la nueva modalidad de prescripción aspira a garantizar un ecosistema de salud digital eficiente, permitir una mayor trazabilidad y seguimiento de las recetas emitidas, facilitar la dispensa en farmacias y garantizar a la población un acceso más seguro a los medicamentos que necesita».

Entre las ventajas que se destacan, se incluye la posibilidad de que los pacientes puedan obtener sus medicamentos en farmacias presentando únicamente su DNI o credencial.

Implementación parcial y diversidad normativa

Pese a su alcance nacional, la aplicación de la receta electrónica no será uniforme en todo el país. De las 24 jurisdicciones, 11 han adherido a la reglamentación propuesta por el Ministerio de Salud: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por otro lado, provincias como Buenos Aires, Chubut y La Rioja, así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han desarrollado sus propias normativas en esta materia. En tanto, Río Negro y Santa Fe se encuentran avanzando con proyectos similares.

En el caso de las prepagas, reguladas a nivel nacional, la adaptación al nuevo sistema es obligatoria. Sin embargo, en hospitales públicos no nacionales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires coexistirá un sistema mixto, que combinará recetas electrónicas y en papel.

Cabe destacar que las recetas manuscritas emitidas hasta el 31 de diciembre de 2024 conservarán su validez dentro del período habitual de vigencia. Además, en zonas de difícil acceso o en caso de interrupciones en el sistema, se permitirán excepciones que habiliten el uso de recetas en papel como contingencia.

Requisitos y funcionamiento

La implementación de este sistema implica una serie de requisitos técnicos y administrativos. Las recetas electrónicas deben incluir datos esenciales como la identificación del profesional de la salud (nombre, matrícula, profesión, especialidad y domicilio), el diagnóstico, fecha de emisión, firma digital del profesional, y los datos del paciente (nombre, DNI, fecha de nacimiento, obra social o prepaga, y sexo). Asimismo, deben detallar el medicamento prescripto, especificando el nombre genérico, la presentación, la forma farmacéutica y la cantidad de unidades.

El sistema se apoya en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y en los repositorios digitales del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Estas plataformas verificarán la validez de los profesionales y almacenarán las recetas, permitiendo a las farmacias acceder a ellas para su dispensación. «Esto requiere sólidos mecanismos de respaldo y recuperación de información frente a eventuales fallas o incidentes y garanticen el resguardo de los derechos de los pacientes», explicó el Ministerio de Salud.

La obligatoriedad de los repositorios de cumplir con estándares técnicos busca asegurar la disponibilidad de la información y su almacenamiento durante el período que establece la normativa. Este avance supone un cambio significativo en la gestión sanitaria del país, con el objetivo de modernizar el sistema y fortalecer el acceso seguro y eficiente a los medicamentos para la población.

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