Después de ocho años de investigación, el capitán de un buque pesquero fue detenido en España por orden de la Justicia Federal de Caleta Olivia, en el marco de una causa por trata laboral agravada.
La detención se concretó en diciembre por parte de la Policía española, en cumplimiento de una notificación roja de INTERPOL emitida a pedido del Ministerio Público Fiscal. Ahora, las autoridades argentinas gestionan su extradición para que enfrente el proceso judicial en el país.
La causa se originó en 2017, cuando la Prefectura Naval Argentina rescató a un marinero senegalés en estado crítico a 135 millas náuticas de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. El tripulante, que había sido contratado por la empresa armadora del buque, relató haber trabajado hasta 22 horas diarias, sin descanso, en condiciones insalubres y con alimentación deficiente. Su testimonio, prestado tras su recuperación, fue clave para avanzar con la imputación contra el capitán del buque.
El fiscal federal Lucas Colla, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, promovió la investigación junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En octubre de 2019, el Ministerio Público Fiscal requirió la convocatoria a declaración indagatoria del imputado, a quien se acusó de trata de personas agravada por la pluralidad de víctimas y la consumación de la explotación laboral.
El expediente detalla que el capitán de la nave aceptó y albergó en febrero de 2017 a varios marineros senegaleses, trasladados desde su país hasta Mauritania para incorporarse a la tripulación. Según la imputación, “de cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó”, sometiéndolos a jornadas de trabajo extenuantes sin las condiciones mínimas de descanso y seguridad. Uno de ellos, rescatado en estado de coma, presentaba un cuadro de desnutrición, hipotermia y deshidratación extrema. El informe médico indicó que llegó al hospital de Puerto Deseado “no ubicado en tiempo y espacio y con afectación del sensorio motriz (hipotímico), pese a haber ingresado al Buque Pesquero en condiciones de apto físico”.
Tras recibir atención médica y estabilizarse, la víctima fue repatriada a Senegal con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Organización Internacional para las Migraciones. Paralelamente, la fiscalía avanzó con la recopilación de pruebas, incluyendo datos de navegación del buque provistos por la Prefectura Naval Argentina. En junio de 2024, INTERPOL Buenos Aires emitió una notificación azul para obtener más información sobre el capitán y sus movimientos, lo que permitió la posterior emisión de la notificación roja que derivó en su detención.
El caso cuenta con la colaboración de distintas agencias nacionales e internacionales. La Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) están trabajando en la identificación de bienes vinculados a la actividad delictiva, incluyendo el buque en cuestión. Esta solicitud fue inicialmente rechazada por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, pero la fiscalía apeló la decisión. Asimismo, INTERPOL participa a través de su Programa de Seguridad Ambiental, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el fin de analizar operaciones de pesca ilegal y detectar patrones de explotación en el sector.
La detención del capitán representa un avance significativo en una causa que ha tomado relevancia internacional. Con la extradición en trámite, las autoridades judiciales argentinas buscan que el imputado responda ante la Justicia por las acusaciones de trata laboral agravada, en un caso que expone las condiciones extremas en las que operan algunos sectores de la industria pesquera de alta mar.
Jurisdicción argentina
Oportunamente, el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Colla, al impulsar la acción penal apenas surgió la denuncia, en 2017, había sostenido que la Constitución Nacional establece la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y su sistema jurídico es aplicable en el caso. Esto se debe a que el buque español en cuestión realizó dos escalas en el archipiélago usurpado en marzo y abril de este año, periodo en el que se habría consumado el hecho delictivo.
En este contexto, la aplicación de la ley penal argentina encuentra precedentes en otras causas vinculadas a la soberanía nacional sobre la exploración y explotación de recursos en la plataforma continental. Un caso emblemático es el de empresas británicas y estadounidenses investigadas por operar de manera ilegal en el área, bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Río Grande.
Asimismo, el fiscal abrevó en un fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial de San Pedro, Jujuy, que ratificó la pertenencia de las Islas Malvinas al territorio nacional en materia de telecomunicaciones. La decisión determinó que las llamadas al archipiélago no pueden facturarse como internacionales, reforzando la postura jurídica de Argentina en la disputa de soberanía.
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