Con carácter de “urgente”, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego presentó una solicitud al Gobernador de la Provincia, para que “se arbitren mecanismos que permitan a los afiliados de la Caja de Previsión Social acceder a créditos hipotecarios para la compra y/o construcción de viviendas”.
El pedido –expresa la nota- se fundamenta “en la crisis habitacional que afecta a cientos de afiliados” y, llamativamente, en “la buena situación financiera de la Caja de Previsión”.
Se busca que se apruebe la factibilidad de estos créditos, “con montos y tasas de interés que serán analizados y aprobados por las autoridades correspondientes”, concede la solicitud que firma el secretario General de ATE Ushuaia, Carlos Córdoba.
“La Caja de Previsión Social, que cuenta con los recursos necesarios para otorgar estos créditos, cuenta (sic) con una solidez financiera que es precisamente la que motivó la solicitud”, remarca la nota publicada por ATE nacional en su sitio web oficial.
Agrega el artículo que “ATE Tierra del Fuego destacó que el pedido es urgente y necesario para dignificar la vida de los trabajadores y sus familias, y para garantizar sus derechos constitucionales y convencionales”.
Lo curioso del tema es que el mismo firmante de la solicitud, Carlos Córdoba, está involucrado en varias causales penales, entre ellas una que atañe (casualmente) a presuntas estafas a afiliados y particulares con viviendas cedidas por el Estado provincial.
Dicha causa penal (demorada hasta lo imposible por el Poder Judicial de Ushuaia) espera juicio oral para este año, aunque data de 2018. Junto a otros dirigentes gremiales, Córdoba está acusado de exigir diferentes montos de dinero a afiliados y personas ajenas al gremio para permitirles acceder a las viviendas que teóricamente entregaría el IPV, en virtud de un acuerdo cerrado con el gobierno provincial de entonces.
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