Los senadores podrían cobrar más de 9 millones de pesos

El Senado argentino podría protagonizar un nuevo escándalo relacionado con los fondos públicos debido a un eventual aumento en las dietas de los legisladores, que pasarían de 4,5 millones a más de 9 millones de pesos. Cabe recordar que esta situación se originó en una polémica decisión tomada en abril, cuando se aprobó, sin debate y a mano alzada, un proyecto que vinculó las dietas senatoriales a la paritaria de los trabajadores del Congreso, permitiendo que cualquier ajuste salarial en ese ámbito impacte automáticamente en los ingresos de los senadores.

La medida, apoyada por la mayoría de los bloques con pocas excepciones, fue suspendida en agosto mediante la resolución 27/24, que congeló los aumentos hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, la posibilidad de que la actualización automática se reactive en enero genera tensiones entre los legisladores.

Luis Juez, presidente del bloque PRO y uno de los pocos que votaron en contra del aumento, calificó el mecanismo como «vergonzoso e inexplicable», y advirtió que esta situación impide justificar cualquier reajuste. Mientras tanto, bloques como el libertario, liderado por Ezequiel Atauche, y la UCR, encabezada por Eduardo Vischi, no han tomado medidas para extender el congelamiento, según fuentes de esas bancadas.

Aunque la resolución vence oficialmente el 31 de diciembre, los senadores podrían prorrogarla en las primeras semanas de enero antes de que se liquiden los salarios de febrero. En este contexto, la vicepresidenta del Senado, Victoria Villarruel, intentó incluir el tema en la sesión del jueves pasado, aunque sin éxito. Villarruel busca que los presidentes de bloque firmen una prórroga similar a la adoptada en agosto para evitar ser la responsable de comunicar una decisión impopular.

«Solicité que se tratara el congelamiento de las dietas porque, a partir del 1° de enero, se comienzan a actualizar automáticamente. Espero que los senadores lo aborden», declaró Villarruel, quien también subrayó: «No soy senadora, solo facilito las condiciones para el tratamiento de este tema. No soy la que toma las decisiones».

Con el vencimiento de la resolución acercándose, el Senado enfrenta el desafío de justificar sus decisiones frente a una ciudadanía que exige austeridad en un contexto de crisis económica.