El proyecto de ley que busca declarar la emergencia de infraestructura en las unidades de detención de la provincia de Tierra del Fuego alcanzó dictamen en mayoría este jueves en una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Nº 6 y Legislación General Nº 1.
La iniciativa, impulsada por el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF), será debatida en la próxima sesión ordinaria del miércoles 11 de diciembre, tras un extenso tratamiento que contó con aportes de diversas bancadas políticas y representantes del Poder Ejecutivo.
El encuentro tuvo lugar en el Salón de Comisiones de la Legislatura y contó con la participación de la presidenta del Parlamento, Mónica Urquiza, así como de legisladores de distintos bloques. La legisladora Natalia Gracianía, del bloque La Libertad Avanza, presidió la reunión en su carácter de titular de la Comisión de Seguridad Nº 6, mientras que Federico Greve, de FORJA, hizo lo propio en representación de la comisión de Legislación General.
También asistieron los legisladores Matías Lapadula (PG), Juan Carlos Pino (PJ), Agustín Coto (LLA), Raúl Von Der Thusen (SF), Pablo Villegas (MPF) y las legisladoras María Laura Colazo (PV), María Victoria Vuoto (PJ) y Myriam Martínez (FORJA), quien participó de manera remota.
El titular del Ministerio de Economía, Francisco De Vita, el secretario legal Emiliano Fossatto y el viceministro de Gabinete, Jorge Canals, estuvieron presentes para detallar el contexto actual del sector de seguridad provincial y proponer ajustes al texto normativo.
En ese marco, se abordaron las necesidades de financiamiento y se delinearon los mecanismos de control necesarios para una gestión eficiente de los recursos.
El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un endeudamiento de 10.000 millones de pesos, además de disponer la afectación de 4.000 millones de pesos adicionales para enfrentar el déficit estructural en las instalaciones del sistema penitenciario y la Policía provincial. A su vez, establece un régimen más flexible para la contratación de bienes y servicios, con el objetivo de acelerar los procesos administrativos en el área de seguridad.
El legislador Pablo Villegas, autor de la iniciativa, destacó el nivel de consenso alcanzado durante el tratamiento del proyecto. “El trabajo conjunto entre los distintos bloques políticos y los funcionarios del Ejecutivo ha permitido optimizar la redacción de esta herramienta legislativa, que busca soluciones concretas para las distintas áreas de seguridad de la provincia”, expresó.
Villegas subrayó que, además de atender las carencias en infraestructura penitenciaria, la ley facilitará la renovación de bienes esenciales, como el parque automotor del Patronato de Presos Liberados, la Policía y el Servicio Penitenciario.
El legislador también resaltó que la norma es “extraordinaria” y responde a un déficit prolongado en el sector. Según explicó, el objetivo central es fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y mejorar las condiciones de trabajo en las unidades de detención. “Esta emergencia permitirá avanzar en la renovación de equipamiento crítico y en la mejora de las instalaciones, cuestiones imprescindibles para garantizar un servicio más eficiente y digno”, afirmó.
En la próxima sesión ordinaria de la Legislatura se definirá el futuro del proyecto, que, de ser aprobado, habilitará al gobierno provincial a ejecutar medidas concretas para mitigar el deterioro de la infraestructura en el área de seguridad.
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