El legislador provincial Matías Lapadula, representante del partido Provincia Grande, expresó su satisfacción tras la decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de prorrogar por dos años el cobro del impuesto inmobiliario por parte de los municipios. A pesar de este avance provisorio, abogó por un trabajo conjunto en 2025 para derogar definitivamente el artículo de la Ley Tarifaria que regula este impuesto.
En sus declaraciones por ((La 97)) Radio Fueguina, Lapadula subrayó que la normativa ha demostrado ser inaplicable desde su sanción hace ocho años. “Después de ocho años de sancionada la ley, habiendo una causa y un fallo judicial, habiendo un consenso político de todos los sectores de que era una norma que definitivamente es inaplicable, que afectaba claramente la autonomía, recursos de los municipios, se viene prorrogando constantemente todos los años”, destacó.
El legislador criticó también la incertidumbre que genera la aprobación tardía de estas prórrogas, habitualmente en la última sesión del año, dificultando la planificación presupuestaria de los municipios y la provincia.
El consenso alcanzado en esta oportunidad, según dijo, fue el resultado de un extenso debate y diálogo entre los distintos bloques legislativos, incluido el oficialismo. “Llegamos a la última sesión con tres proyectos de distintos bloques, inclusive uno del bloque oficialista firmado por Forja y el PJ, uno de los dos bloques que más peso tiene en la Legislatura. Otro proyecto que ya había presentado desde Somos y un proyecto que presenté yo”, explicó.
Si bien su propuesta inicial fue derogar el capítulo del impuesto inmobiliario, el legislador optó por retirar esa moción tras un cuarto intermedio y aceptar el acuerdo alcanzado entre los bloques. Este consenso extendió la prórroga de un año a dos, brindando mayor previsibilidad a los municipios. “Así es el juego de la democracia y de los consensos. Mi idea era derogar esto y para esto se necesitaban 10 votos. La verdad que se podría haber puesto a votación, pero consideré en este cuarto intermedio lo que me plantearon también desde otros bloques y la verdad que me pareció un punto intermedio”, comentó.
El compromiso asumido por los bloques incluye trabajar durante el próximo año para abordar de manera definitiva esta situación. Según Lapadula, esta es una oportunidad para avanzar hacia una solución que otorgue estabilidad tanto a los municipios como al gobierno provincial en materia tributaria y presupuestaria. “Por lo menos quiere decir que los próximos dos años va a haber certidumbre al respecto y el año que viene claramente los municipios y el gobierno, cuando tenga que laburar y enviar el presupuesto, no van a tener este problema de si se va a prorrogar o no el impuesto”, señaló.
El legislador insistió en la necesidad de priorizar el diálogo y los acuerdos por encima de las posturas intransigentes que, según él, históricamente han obstaculizado el progreso. “Se dio el diálogo y cada uno cedió un poco para tener una norma un poco mejor. Esto es lo que en definitiva se tiene que hacer, me parece que las posiciones intransigentes siempre nos han llevado al choque y en definitiva no solucionar nada”, afirmó.
Asimismo, calificó como positivo el resultado obtenido, aunque reconoció que no se trata de la solución definitiva que esperaba. Sin embargo, valoró el compromiso colectivo para abordar la derogación de la normativa el próximo año. “Habrá que hacer esas modificaciones y se harán. Con la sanción de esta ley, se hace automáticamente. Si bien hay un presupuesto, mañana la Legislatura puede sacar una ley reduciendo o aumentando un impuesto o una tasa y también afecta lo presupuestado”, concluyó.
Con este avance, los municipios podrán continuar administrando el impuesto inmobiliario durante los próximos dos años, un período que, según Matías Lapadula, debe ser aprovechado para eliminar la incertidumbre que ha caracterizado esta cuestión durante casi una década.
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