El difundido affaire en torno al buque pesquero Tai An, propiedad de la empresa Prodesur, y su exclusión de la asignación de cuotas de captura de merluza negra ha tomado una dimensión significativa a lo largo de 2024. Este caso, que combina acusaciones de pesca ilegal, denuncias por daño ambiental y cuestionamientos legales, continúa siendo objeto de controversia en diversos frentes institucionales y judiciales.
El empresario Liu Zhijiang, dueño de la empresa fueguina Prodesur, comenzó el año enfrentando acusaciones de haber pescado más de 300 toneladas de merluza negra sin contar con una Cuota Individual Transferible de Captura (CITC), una infracción grave a las normativas pesqueras argentinas.
En marzo, el buque Tai An capturó 170 toneladas de esta especie en una zona protegida, una acción que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) calificó como «pesca dirigida e intencional», con el agravante de que más de la mitad de la captura correspondía a ejemplares juveniles.
Este incidente tuvo repercusiones inmediatas. Las irregularidades detectadas derivaron en el decomiso de la carga, la imposición de una multa que el empresario pagó rápidamente para liberar la embarcación, y la renuncia de altos funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y de la Cancillería.
Sin embargo, las consecuencias no se limitaron al ámbito administrativo. Una denuncia anónima por daño ambiental fue presentada meses después y actualmente amenaza con un embargo del Tai An.
A pesar de estos antecedentes, Liu Zhijiang, titular de la firma, ha mantenido una postura desafiante. «Nuestra pesca fue incidental», insistió recientemente ante la prensa, la justicia y el Consejo Federal Pesquero (CFP), organismo que regula la distribución de cuotas.
Prodesur presentó un recurso de reconsideración para acceder a una CITC de 800 toneladas anuales, argumentando que al finalizar el período de asignación de 2009-2024, las cuotas debieron haberse sometido a una oferta pública.
Además, la empresa cuestionó que se otorgaran cuotas a barcos presuntamente inoperativos, como el Centurión del Atlántico y el San Arawa II, y reclamó la falta de respuesta a un pedido provincial por la asignación de 300 toneladas de la Reserva de Administración.
No obstante, el CFP rechazó de forma unánime los argumentos de Prodesur. En su resolución, destacó que la empresa perdió su cuota al transferirla en el pasado, una decisión que no ha sido revertida ni por las partes involucradas ni por la justicia.
Asimismo, el organismo subrayó que la solicitud de la empresa sobre la merluza negra no fue acompañada de reclamos similares respecto a otras especies, como la polaca o la merluza de cola, para las cuales sí posee cuotas asignadas.
Por otra vía
En paralelo, la causa por daño ambiental avanza en el ámbito judicial. Durante las audiencias, el INIDEP, representado por su director de investigación Otto Wöhler, señaló que su informe técnico sobre el Tai An se limitó a documentar las acciones de pesca y no incluyó una evaluación del impacto ambiental. Este detalle fue aprovechado por la defensa para intentar desestimar las acusaciones de daño ecológico.
Sin embargo, la estrategia legal adoptada por los abogados de Liu Zhijiang genera dudas. En lugar de centrarse en esta debilidad probatoria, los letrados optaron por cuestionar los hallazgos de pesca dirigida, alegando que «la merluza negra convive con la merluza de cola», un argumento considerado inconsistente por especialistas.
Por su parte, la Prefectura Naval Argentina reportó que está en curso un sumario administrativo contra el capitán del buque, mientras que el CFP remitió información limitada al expediente, derivando al magistrado hacia otros organismos para obtener datos más detallados.
Mientras algunos expertos legales consideran que el recurso de Prodesur merecía mayor análisis debido a la acumulación de capturas incidentales en los últimos años, otros advierten que los antecedentes del Tai An y la actitud de su propietario no facilitan su causa.
Queda por verse si Liu Zhijiang logrará mantener el Tai An operativo o si su estrategia legal, sumada a las acciones que violaron las normativas, resultará en una pérdida definitiva del barco y en un precedente severo para la industria pesquera.
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