El 10 de agosto de 2017 fue un día particular en Río Grande para el Poder Judicial: bajo la siempre adusta mirada de los miembros del Superior Tribunal de Justicia, prestaban juramento dos jueces y una fiscal.
Los doctores Daniel Cesari Hernández y Raúl Nadim Sahade pasaban a cubrir los juzgados de Instrucción vacantes (por entonces eran dos), en tanto la abogada Laura Urquiza asumía como Fiscal, todos del Distrito Judicial Norte.
El clima no era bueno aquel jueves de sol en el recinto del salón de actos de la Cámara de Apelaciones. Es que el nombramiento de Urquiza venía rodeado de encendida polémica. Había calificado tercera en el concurso respectivo y de todos modos fue designada, en desmedro del fiscal interino, Eduardo Tepedino, quien quedó en primer lugar en el examen tomado por el Consejo de la Magistratura.
Tras el juramento de práctica, Urquiza eligió a uno o dos periodistas para hablar ante la prensa y al resto les recetó “pedile el audio a tu colega”. No era un comienzo prometedor para la nueva funcionaria.
Consultada respecto de la violación a las reglas del concurso, la presidenta del Superior Tribunal, Carmen Battaíni se atribuyó la responsabilidad, con impronta de madrinazgo. Admitió que fue su decisión y que lo había dispuesto así “para darle una perspectiva de género a la Fiscalía”.
Respuesta poco convincente, pero, además, memorable. Battaíni no podía adivinar entonces que la cuestión de género sería la piedra en el zapato en la carrera de la flamante fiscal.
De mal en peor
Laura Urquiza desde el primer día acumularía reproches, enemistades, denuncias y hasta pedidos de jury, con basados fundamentos en la mayoría de los casos.
Entre otros muchos episodios controvertidos protagonizados por la pupila de la Dra. Battaíni, se fueron sumando reclamos de organizaciones feministas, pedidos de condena considerados exiguos en juicios por abuso o violencia de género y las recurrentes acusaciones por su negativa a accionar a tiempo en casos que, curiosamente, casi siempre se relacionaban con hechos de violencia donde mujeres o niños eran víctimas.
Mientras tanto, su relación con el resto de la comunidad judicial seguía siendo muy complicada. Y llegó al clímax el día en que se llegó hasta una comisaría para traer en su propio vehículo a dos policías y ordenarles detener a dos personas que (según sus dichos) habían invadido de manera ilegal su despacho. Una de esas dos personas era el mismísimo Eduardo Tepedino, quien, tras perder injustamente el concurso, había pasado a desempeñarse como secretario del Juez Sahade.
La causa de la visita de los colaboradores del Dr. Sahade al despacho de Urquiza se basaba en cumplir una orden del magistrado. Notificar a Urquiza de un oficio que la fiscal no quería recibir. El escándalo derivaría en una denuncia penal y un pedido de jury que, por obra y milagros del Superior Tribunal, quedaría sumido en la nada en poco tiempo.
Hubo otro episodio polémico, aunque no tomó estado público: una (de tantas) discusión acalorada con el Juez Cesari quien, frente a la vivienda donde un sujeto había intentado prender fuego a su mujer y a sus hijos, esperaba impaciente que la fiscal Urquiza se apersonara para poder llevar adelante las actuaciones.
En el mar de cuestionamientos también tienen lugar declaraciones de la madre de Sofía Herrera, la niña a la que todo Río Grande quiere encontrar desde 2008. “Esta señora Fiscal no está haciendo nada por mi hija”, deploró María Elena Delgado, al enrostrar “inacción y maltrato”de parte de la funcionaria judicial, la única que jamás tuvo la gentileza de recibirla en su despacho. El resultado no podía ser menos previsible, a Urquiza le fue retirada la causa y hoy la búsqueda de Sofía Herrera y sus presuntos captores la encabezan dos fiscales formados en perspectiva de género.
Cuesta abajo
Con tantos antecedentes nefastos, muchos se preguntan cómo es posible que Laura Urquiza siga en el cargo. Probablemente la Dra. Battaíni tenga nuevamente alguna explicación que a ella la satisfaga, aunque no al resto de la comunidad.
Es que son muchos los que creen que esta vez, el vaso de la tolerancia se rebalsó. Las serias acusaciones que apuntan a una nueva negativa de Urquiza a intervenir -esta vez en un caso donde hay una persona fallecida en circunstancias no explicadas satisfactoriamente- parecen aportar la gota que colma el vaso.
Hay, al menos, un nuevo pedido de jury contra la fiscal. Lo lleva adelante Francisco Giménez, abogado de la familia de Marcelo Fernández, el hombre fallecido en el posoperatorio de una cirugía aparentemente sencilla, en el Sanatorio Fueguino.
La indignación de Giménez está referida no sólo al caso en sí, sino a lo que interpreta como una respuesta burlona de la Fiscal, desentendida de la gravedad del caso. A quien quiera escucharlo, el abogado le refiere que capturó del perfil de WhatsApp de la cuestionada fiscal una imagen que la muestra con pocas ropas, disfrazada de bruja, balancéandose en el caño (de esos que se usan para practicar pole dance), y con una frase (de su autoría) que reza “por acá Halloween y a la gilada, ni cabida” (sic).
Lejos, muy lejos, de la majestad del cargo.
¿Se acabarán algún día el show, los escándalos, los papelones y las intrigas palaciegas en el Poder Judicial fueguino?
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