El periodista y ex combatiente Daniel Guzmán, responsable del portal Agenda Malvinas, brindó un análisis detallado sobre el estado actual del caso, ahora en ámbito judicial, relacionado con el radar de la empresa Leolabs, de capitales británicos, instalado en Tolhuin.
Este dispositivo ha generado un prolongado debate por su presunta funcionalidad dual, que incluye aplicaciones de monitoreo militar, y por los vínculos de la firma con el Reino Unido. Guzmán, en ((La 97)) Radio Fueguina, expuso las implicancias políticas y judiciales del caso, así como las acciones emprendidas por el gobierno fueguino.
La causa avanza en el ámbito judicial con una audiencia programada en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial de Ushuaia, según confirmó Guzmán. “Mañana (jueves) hay una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial en Ushuaia de parte entre el gobierno y la empresa”, señaló. Este encuentro marcará un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Estado provincial y Leolabs, en un proceso que ha captado la atención nacional e internacional.
El eje del conflicto gira en torno a la confirmación de la propia empresa sobre sus actividades. Guzmán recordó que “el gobierno ha planteado, después que se le cayó el techo en la cabeza cuando la propia Leolabs informa a nivel internacional que ha hecho una asociación estratégica y ha firmado convenios con el Departamento de Asuntos Espaciales de Gran Bretaña, justamente en monitoreo bélico”.
Según su análisis, los argumentos que el gobierno sostenía hasta entonces eran que el radar carecía de funciones duales o militares. “Cuando ya lo dice la empresa, se le acabaron los argumentos de decir que el radar no tenía ninguna función dual o militar, que era un poco el argumento que tenía el gobierno”, añadió.
El anuncio de Leolabs, realizado a mediados de junio, llevó al Ejecutivo provincial a tomar medidas legales. Para Guzmán, esta reacción fue tardía y de oportunismo político. “Cuando el 14, 15 o 16 de junio de este año, varios días después, el gobierno dice ‘vamos a iniciar una acción penal’, está tirando la pelota a la tribuna y ahí está la Justicia”, criticó.
El periodista también hizo hincapié en las decisiones políticas previas que facilitaron la instalación del radar en Tierra del Fuego. “De la misma manera que políticamente resolvieron habilitarla en IGJ, darle habilitación ambiental, extenderle electricidad, darle internet y todos los beneficios impositivos que le dieron a la empresa. Ahí respondieron políticamente, pero ahora buscan apoyo de la Justicia”, enfatizó.
El caso Leolabs, por su relevancia estratégica y la sensibilidad del contexto político en torno a la soberanía nacional, sigue generando controversia. La audiencia judicial representa un punto crucial para determinar el rumbo del litigio y el alcance de las responsabilidades. Entretanto, las implicancias de la instalación del radar en Tolhuin permanecen en el centro del debate público.
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