El Dr. Ernesto Löffler, juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, está promoviendo un proyecto para reconocer a la provincia como una «provincia archipielágica».
Según explicó en ((La 97)) Radio Fueguina, esta iniciativa se basa en principios establecidos por la Convención sobre el Derecho del Mar, un tratado internacional adoptado por la ONU en 1982 y ratificado por Argentina en 1995, que regula aspectos relacionados con los recursos marítimos y la soberanía sobre ellos.
La propuesta, fundamentada en trabajos de investigación académica realizados en la cátedra que integra en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), busca aprovechar el concepto de estado archipielágico, que permite integrar territorios insulares con los recursos marítimos circundantes mediante líneas poligonales.
Löffler detalló: “Es un concepto de la Convención sobre Derechos del Mar. Por ejemplo, Portugal está tratando de convertirse en un estado archipielágico, uniendo con poligonales sus territorios continentales e insulares, creando una figura geográfica que considera el mar interior como tierra firme”.
Aunque destacó que en el caso de Tierra del Fuego la aplicación sería diferente, subrayó que esta figura jurídica ya es utilizada por naciones del Pacífico y permitiría una administración más integral de sus recursos.
Uno de los puntos clave del proyecto es la administración de los recursos pesqueros dentro de la jurisdicción provincial. Según Löffler, convertir a Tierra del Fuego en una provincia archipielágica posibilitaría gestionar los permisos pesqueros y aprovechar los recursos marítimos desde la línea de base hasta las 200 millas náuticas, otorgando a la provincia un control soberano sobre esta zona.
Al respecto, comparó la situación con la de las Islas Malvinas, cuyo Producto Bruto Interno depende en un 58% de los permisos de pesca que otorga el gobierno de ocupación del Reino Unido, generando aproximadamente 320 millones de dólares anuales.
El juez también hizo referencia al avance argentino en el reconocimiento de su plataforma continental, un logro alcanzado tras años de estudios científicos y presentaciones ante organismos especializados de la ONU. Este reconocimiento extiende derechos soberanos de explotación sobre los recursos del subsuelo y del suelo marítimo más allá de las 200 millas, hasta las 350 millas.
“Básicamente, en el nuevo mapa bicontinental hay una continuidad del territorio de la provincia, no solo hasta la milla 12 y 200 millas marinas, sino también extendiendo la plataforma continental”, explicó Löffler.
La propuesta busca articular esta realidad geográfica y jurídica con los límites provinciales. Según dijo, “nuestra Constitución establece que los límites de la provincia concurren con los de la Nación. Lo que vamos a plantear es transformar a Tierra del Fuego en una suerte de estado archipielágico provincial con ciertas restricciones”. Esto permitiría a la provincia fortalecer su autonomía en la administración de los recursos naturales, especialmente los marítimos, y ampliar las posibilidades de desarrollo económico.
En términos estratégicos, el proyecto podría posicionar a Tierra del Fuego como un actor clave en la explotación sostenible de los recursos del Atlántico Sur, además de consolidar su protagonismo en el marco de los derechos soberanos argentinos sobre la región.
La implementación de este modelo implicará un análisis minucioso de los aspectos legales, económicos y ambientales que conlleva la transformación en una provincia archipielágica, abriendo así el debate sobre su viabilidad y su impacto a largo plazo.
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