Jorge Canals, viceministro de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, presentó un conjunto de medidas que buscan abordar de manera integral la situación de la seguridad en la provincia, con un enfoque especial en la reestructuración del sistema penitenciario. En su exposición por ((La 97)) Radio Fueguina, Canals se refirió a los problemas que enfrenta actualmente el sistema carcelario de Río Grande y Ushuaia y expuso algunas de las soluciones que se están contemplando, incluidas aquellas que involucran una colaboración entre el sector público y el privado.
El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, había planteado, a principios de año, un proyecto que declara la emergencia en el Servicio Penitenciario, con el objetivo de mejorar las condiciones y la capacidad de respuesta de las cárceles provinciales. En ese sentido, Canals explicó: “Nosotros fuimos convocados por la presidenta de la Comisión de Seguridad, Natalia Gracianía, para poder analizar y debatir este tema en mayo o junio y ahí estuvimos dialogando sobre esta cuestión puntual”. En dicho encuentro, se analizó la posibilidad de articular algunas cuestiones entre lo público y lo privado como alternativa para paliar la situación actual.
Canals subrayó que la situación del servicio penitenciario “no es la óptima”, en parte debido al aumento de la población carcelaria y a la necesidad de acelerar los juicios, lo cual en realidad podría reducir la cantidad de presos que ingresan al sistema.
Mencionó que la construcción de nuevas unidades carcelarias es un desafío complejo para la provincia, especialmente por la falta de recursos disponibles. “Hoy esos recursos no están, y obviamente afrontar una unidad carcelaria es muy complejo y la verdad que no está en las arcas ni en la posibilidad del Estado”, indicó.
En tal sentido, las medidas concretas que se están tomando son la implementación de soluciones paliativas como la finalización del Anexo 4 en Ushuaia, que permitirá aliviar la sobrepoblación de la Alcaldía. También informó sobre el avance de las obras en una gamela cercana al Poder Judicial en Río Grande, que permitirá trasladar entre 50 y 60 internos.
Canals destacó la importancia de una colaboración público-privada como una herramienta para encontrar soluciones integrales y estructurales a largo plazo: “La iniciativa público-privada es una de las herramientas importantes que tiene esta declaración de emergencia y que va a permitir en cierta manera abrir un abanico de posibilidades al sector privado”.
La colaboración con el sector privado implica la posibilidad de que empresas se encarguen de construir y gestionar algunas áreas de las unidades penitenciarias, mientras que el gobierno provincial retendría el control exclusivo de la seguridad, en conformidad con la Constitución. Según Canals, este tipo de alianzas permitiría que la inversión inicial para la construcción de las instalaciones pueda ser recuperada por el privado a través de la prestación de servicios adicionales, como lavandería, entre otros.
Una de las alternativas mencionadas por Canals incluye la construcción de una nueva Alcaldía y una Jefatura de Policía fuera del centro de la ciudad, para lo cual podría plantearse un intercambio de terrenos. “Podrían permitir ante una iniciativa privada de un X que se pueda presentar, que haga una propuesta, que sea un canje de ese espacio por la construcción de una Alcaldía y una Jefatura de Policía en otro lugar tal vez un poco más alejado del centro”, señaló, recordando un modelo similar al del Grupo Albatros en relación con la Caja de Jubilación.
Para el gobierno provincial, la reestructuración de las instalaciones penitenciarias implica un costo considerable, estimado en unos 25.000 millones de pesos. Frente a esta cifra, Canals subrayó la importancia de buscar alternativas viables y de evaluar si el sector privado está interesado en participar en estas iniciativas. “Uno tiene que ir apelando a la inteligencia, a la capacidad de buscar alternativas, apelar al privado para ver si al privado le interesa o no le interesa poder hacer alguna de estas alternativas”, afirmó.
La propuesta del Ejecutivo no se limita exclusivamente al servicio penitenciario, sino que plantea una emergencia más amplia en el sistema de seguridad provincial, que incluye al Patronato de Liberados y otros organismos relacionados. “Nosotros el Ejecutivo hicimos una presentación mucho más amplia, entendiendo de que no solamente es necesaria la inversión en el Servicio Penitenciario”, explicó Canals. Esta visión integral responde a una realidad nacional marcada por la celeridad en los trámites, la necesidad de contrataciones y la dolarización de algunos esquemas.
En conclusión, el gobierno fueguino busca enfrentar los desafíos del sistema de seguridad y penitenciario mediante un enfoque integral que incluye colaboración público-privada y alternativas creativas para mejorar la infraestructura. De este modo, pretende no solo mejorar las condiciones de las instalaciones existentes, sino también preparar a la provincia para enfrentar futuros desafíos en materia de seguridad.
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