Brindan detalles del caso de venta de cocaína en un delivery de comida

La Justicia Federal en Río Grande continúa avanzando en el caso que involucra la presunta venta de cocaína mediante un servicio de delivery de comida. Tras la reciente resolución de la jueza federal, Dra. Mariel Borruto, que procesó a cinco personas vinculadas a este delito, el secretario del Juzgado Federal, Dr. Juan Vicente, brindó en ((La 97)) Radio Fueguina detalles sobre la investigación y sus implicancias.

El Dr. Vicente explicó que la investigación comenzó a partir de múltiples denuncias anónimas recibidas a principios de año, específicamente en febrero. «La causa se inició con varias denuncias anónimas que daban cuenta de un grupo de personas que se dedicaba presuntamente a la venta de estupefacientes», señaló Vicente. A partir de esta información, la Fiscalía Federal, en colaboración con la Prefectura Naval, inició una serie de pesquisas que culminaron recientemente en los allanamientos y detenciones de los implicados.

La investigación permitió verificar lo suficiente para vincular a estas cinco personas con la venta de drogas en lo que comúnmente se conoce como «narcomenudeo», es decir, la comercialización de pequeñas dosis de estupefacientes, en este caso, cocaína. «Se pudo acreditar lo suficiente como para ordenar los allanamientos y las detenciones de estas personas hace un par de semanas atrás», comentó Vicente, destacando que, hasta el momento, solo se comercializaba cocaína en el circuito delictivo desmantelado. «Eran 174 gramos de cocaína, que más o menos responde a lo que sería una pequeña organización de narcomenudeo», explicó el secretario.

Un aspecto destacado del caso es la modalidad empleada por los sospechosos para encubrir la distribución de la droga. Según Vicente, los contactos entre los involucrados y los consumidores se realizaban principalmente a través de mensajes en aplicaciones como WhatsApp y Telegram, acordando puntos de encuentro para la entrega de la sustancia. Sin embargo, también se sospecha que un local de comida con servicio de delivery. «Parte de la sospecha es que un local de comida que tuviese delivery podía servir para encubrir estos movimientos», afirmó el secretario.

En cuanto a la situación judicial de los acusados, el Dr. Vicente explicó que, conforme a la normativa penal vigente, la regla es que los procesados transiten el proceso en libertad, salvo que exista riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación. En este caso, «no se verificaba ninguna circunstancia que hacía presumir que las personas podían escaparse de la provincia, del país», detalló Vicente. Además, las posibilidades de que pudieran obstruir la instrucción del caso también se consideraron muy reducidas.

Siguiendo lo dispuesto en el nuevo código procesal penal, la jueza evaluó una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva, como la prohibición de salida de la provincia y del país, la obligación de presentarse periódicamente en una dependencia policial y la imposibilidad de que los procesados mantengan contacto entre ellos. «Se consideró que las medidas que se impusieron eran suficientes como para asegurar que estas personas van a continuar ligadas al proceso», explicó Vicente. De este modo, los acusados permanecerán en libertad, aunque el proceso judicial seguirá su curso hasta llegar, eventualmente, a instancia de juicio.

Por el momento, no se han identificado más personas involucradas en el caso. Las autoridades accedieron a los teléfonos de los procesados y, tras realizar las averiguaciones pertinentes, concluyeron que las cinco personas detenidas son las únicas directamente implicadas. «De momento no habría más personas involucradas», aseguró.

En cuanto al local de comida donde presuntamente se encubría la venta de drogas, este fue clausurado tras los allanamientos, y actualmente se está tramitando un pedido de devolución. No obstante, según explicó Vicente, en estos casos es necesario analizar si el titular del comercio está vinculado al delito investigado, dado que, en muchos casos, los locales no pertenecen a quienes los explotan comercialmente.

El caso pone de relieve el creciente uso de modalidades de encubrimiento sofisticadas en el ámbito del narcotráfico local, como el uso de servicios de delivery. La Justicia Federal sigue avanzando en el proceso, con la expectativa de que el juicio determine la responsabilidad de los involucrados y las posibles sanciones.