El sector textil atraviesa una crisis profunda en Tierra del Fuego, y los trabajadores reclaman al empresariado asumir su responsabilidad ante la difícil situación que enfrentan. Germán Resquín, delegado de la empresa textil Barpla, una de las firmas excluidas del sub régimen de promoción industrial, manifestó en ((La 97)) Radio Fueguina su preocupación por el futuro de los trabajadores, y reclamó mayor compromiso de las empresas para garantizar sus puestos laborales en medio de la incertidumbre.
Resquín destacó que la exclusión de algunas empresas textiles, como Barpla y Sueños Fueguinos, del régimen que regula la Ley 19640 de promoción industrial, es resultado de «un problema administrativo». Según explicó, «hay empresas que están para resolver dentro de 20 días», mientras que otras, como Barpla, habían solicitado previamente al gobierno nacional que la extensión del decreto fuera aplicable a todas las industrias. No obstante, este pedido no fue atendido de forma homogénea, lo que generó desigualdades entre las empresas del sector.
El delegado indicó que la incertidumbre que viven los trabajadores es crítica, y reprochó a los empresarios por su actitud en estos tiempos de crisis. «Los empresarios no dudan cuando tienen que echar o achicar sus plantas operativas, siempre lo pagan los trabajadores», afirmó, poniendo el foco en la fragilidad de la situación laboral y la falta de certezas sobre el futuro de las fábricas excluidas del régimen.
Uno de los principales problemas, según explicó, es la tardanza en resolver la situación desde el ámbito gubernamental. Mencionó que la extensión del régimen de promoción industrial ya había enfrentado demoras en el pasado. «Se tardó más de un año para resolver esa situación, para que el gobierno anterior pueda hacer un nuevo decreto y los textiles puedan ingresar», recordó. Esto, dijo, se debió en parte a un amplio debate a nivel nacional, donde distintas cámaras empresariales plantearon la necesidad de que los beneficios otorgados a las textiles de Tierra del Fuego se extendieran a otras provincias.
Con la asunción del nuevo gobierno encabezado por Javier Milei, los trabajadores esperaban una solución más rápida, pero el proceso administrativo siguió presentando obstáculos. Resquín detalló que, a pesar de las auditorías realizadas en las empresas, «recién están buscando cómo resolver todos esos puntos que los empresarios tendrían que haber cumplido». Según él, la falta de control sobre las inversiones y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas es un tema de fondo que sigue sin resolverse.
El delegado también hizo hincapié en la responsabilidad que el sector empresarial debe asumir en esta crisis. «Lo que nosotros buscamos como trabajadores es que se pongan las cosas en claro sobre la mesa y se pueda retomar los puestos de trabajo», afirmó. A su juicio, las demoras en resolver los problemas administrativos no deberían recaer en los trabajadores, quienes son los primeros en sufrir las consecuencias. En sus palabras, «un empresario ya se llenó de plata, se van a otra provincia, sigue levantándose, sigue trabajando, sigue invirtiendo y los trabajadores siempre en la calle pagando las consecuencias».
Resquín señaló que la gestión de los empresarios ha sido deficiente en muchos aspectos, pero que el gobierno provincial, representado por el gobernador Gustavo Melella, ha intentado mediar y facilitar una solución. En una reciente reunión con el ministro de Nación, se discutieron las alternativas para que las empresas cumplan con los requisitos necesarios y puedan ser incluidas en el régimen de promoción industrial. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, y la preocupación de los trabajadores crece a medida que el tiempo pasa sin que se logren acuerdos concretos.
En este contexto, el delegado fue contundente al exigir a los empresarios que cumplan con sus responsabilidades y no se limiten a tomar decisiones que afecten exclusivamente a los trabajadores. «No vamos a permitir quedar en la calle», advirtió el delegado, quien enfatizó que, si bien los trabajadores están dispuestos a colaborar para encontrar una salida, no aceptarán ser los únicos en pagar el precio de la crisis. «Vamos a hacer lo posible, o la empresa sigue o no sigue, pero alguien se va a hacer responsable», concluyó Germán Resquín.
La situación de Barpla y otras empresas textiles en Tierra del Fuego refleja la tensión existente entre los intereses empresariales y los derechos laborales en el contexto de la crisis industrial que vive el país. A medida que se desarrollan las negociaciones entre las partes, los trabajadores mantienen la esperanza de que se logre una solución que garantice la continuidad de sus puestos de trabajo, aunque la desconfianza hacia el sector empresarial persiste.
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