La situación del transporte en Río Grande ha alcanzado un punto crítico con la llegada y expansión de las aplicaciones como Uber, lo que sigue generando debate entre los sectores regulados del transporte, especialmente los taxistas y remiseros.
Griselda Fuentes, titular del servicio de taxis Aturg, es una de las voces más visibles en abordar esta problemática. Por ((La 97)) Radio Fueguina, destacó que muchos choferes, que antes operaban exclusivamente en el sistema tradicional, han comenzado a utilizar las aplicaciones, incluso aquellas que anteriormente rechazaban.
Fuentes hizo historia y expresó que la aparición de estas plataformas fue inesperada y generó un gran impacto en los trabajadores del transporte: “Todo nos cayó como un balde de agua fría. Empezamos a resistir, como sabemos. Estábamos en el mes de enero y febrero y hacíamos ocho mil pesos, no nos alcanzaba ni para comer, se habían ido todos de vacaciones y estábamos a la deriva”. Este contexto de crisis impulsó a los taxistas a replantear su estrategia y a analizar la normativa vigente.
Según explicó Fuentes, la ordenanza local establece que está prohibido el uso de aplicaciones para el transporte público privado, excepto para aquellos servicios regulados por la Municipalidad. “Nosotros sí lo podemos hacer. Lo puede hacer todo servicio regulado por la Municipalidad”, subraya.
Este argumento es clave para que los taxistas se adapten al nuevo escenario, no solo implementando aplicaciones propias sino también utilizando las más conocidas a nivel internacional. De acuerdo con Fuentes, “tenemos la aplicación de Taxi Premium, tenemos la aplicación nosotros de ATUR, y próximamente está próximo, que yo voy a avisar, cuando con la aplicación la gente va a poder ver el autito el movimiento, pero también el precio aproximado a cobrar, o sea, todo lo mismo que las otras aplicaciones”.
La seguridad es uno de los puntos destacados por Fuentes en su análisis. Señaló que el hecho de estar regulados por la Municipalidad les permite ofrecer un servicio más seguro y controlado, algo que, en su opinión, no ocurre con las plataformas internacionales: “Si alguien pide o toma otro vehículo que no está regulado por la Municipalidad, el municipio y la gente, sabiendo que esto está sucediendo, se tiene que hacer responsable de su propio cuerpo”.
En esta línea, aseguró que un taxi solicitado a través de su aplicación permite rastrear fácilmente cualquier objeto perdido o problema surgido durante el viaje, algo que no ocurre con Uber: “Me llamó una persona diciendo que había perdido en un taxi […] y me dice ‘yo lo pedí por la otra aplicación, por Uber’. Entonces yo no lo puedo seguir”.
El debate sobre la regulación de estas plataformas tendrá que encontrar solución en el ámbito político. Según Fuentes, desde el Concejo Deliberante deberían revisar detenidamente la situación, dado que “no podés regular porque una aplicación la pone, me llevo la plata de la ciudad y en dólares y nos siguen empobreciendo más”. La crítica apunta a que un porcentaje significativo de las ganancias generadas por Uber no se queda en la ciudad, sino que es transferido a otros países, afectando negativamente la economía local. Esto generó un rechazo por parte de los taxistas, no solo en Río Grande, sino también en Ushuaia.
A nivel económico, Fuentes también hizo referencia a la estructura tarifaria del servicio de taxis, destacando que en los viajes cortos es más barato que Uber, mientras que en los recorridos más largos los precios se han nivelado, lo que ha provocado que “la gente ha vuelto mucho al servicio de taxi, por eso nos estamos pudiendo mantener”. Además, propuso que los taxistas utilicen el reloj tarifario para comparar con las aplicaciones y así demostrar que los precios del taxi pueden ser más convenientes.
En definitiva, la situación del transporte en Río Grande refleja un choque entre dos modelos: el tradicional, representado por taxis y remises, y el innovador, impulsado por plataformas como Uber, Cabify, etc. Mientras los primeros luchan por defender su espacio en el mercado local, las aplicaciones internacionales siguen ganando terreno, generando tensiones no solo económicas, sino también regulatorias.
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