El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande, Oscar Martínez, volvió a aparecer mediáticamente tras varios meses de silencio, y en rueda de prensa se refirió a la situación crítica que atraviesa la industria y las políticas nacionales que afectan directamente al sector. En su análisis, Martínez reprochó en forma dirigida el apoyo de muchos trabajadores metalúrgicos al proyecto político de Javier Milei, y en ello justificó la dificultad que enfrenta para sostener la capacidad de movilización y reclamo desde el gremio que encabeza hace décadas.
“La situación no escapa la realidad nacional, muy compleja, con un gobierno que lamentablemente tiene una política terrible en contra de los trabajadores, en contra del movimiento obrero, de los jubilados y del pueblo en general, como se puede ver a diario”, expresó Martínez. El dirigente metalúrgico subrayó que se restringieron derechos y reprimieron protestas, afectando no solo a los trabajadores sino también a sectores más amplios de la sociedad.
En particular, Martínez detalló la difícil situación que atraviesa la industria metalúrgica en Río Grande, donde registra una significativa pérdida de empleos. “En nuestro caso particular, con una pérdida importante de empleo durante los últimos meses, más concretamente a partir de los primeros días de diciembre hasta la fecha, una caída considerable en los puestos de trabajo”, simplemente describió. Según se justificó el secretario general, la recuperación de estos puestos es una tarea ardua y compleja debido a la realidad económica que afecta al sector.
El impacto en las trabajadoras metalúrgicas también fue abordado por Martínez, quien enfatizó que ellas son especialmente vulnerables en esta crisis. “A las mujeres metalúrgicas las afecta en su legítimo derecho primero de poder tener un ingreso, una continuidad laboral y sostener a veces en muchos de los casos un hogar, una familia”, explicó, añadiendo que la precarización laboral restringe el acceso a derechos básicos como la vivienda, la alimentación y la salud.
A modo informativo dio cuenta de la pérdida de empleos en la industria, considerable en el último año. Martínez reveló que “la cantidad de personal contratado que hubo durante el transcurso del año 2023 supera los 1000 puestos de trabajo perdidos, lamentablemente, entre las distintas plantas de Río Grande”.
Frente a esta situación, explicó que el gremio en realidad intenta sostener la lucha sindical, pero se mostró contrariado por el respaldo recibido por Milei entre los propios trabajadores que representa. “Muchos de los compañeros obviamente han votado este proyecto político, el 56% de la población ha apoyado y nos cuesta bastante llevar adelante acciones o expresiones de reclamos concretos sobre la política que se está llevando adelante”, reconoció.
A pesar de ello, esbozó el compromiso del gremio que dirige de continuar luchando por los derechos de los trabajadores. “No dejamos de discutir en cada una de las instancias, en nuestra organización, en el congreso de delegados, en las asambleas, la urgencia de recuperar esa actitud militante de salir a expresar en la calle la búsqueda de respuesta a cada uno de nuestros reclamos”, añoró. Además, el sindicalista destacó problemas vinculados a la cobertura de salud, afectada por el aumento exponencial de los costos de insumos y prestaciones, lo que limita el acceso de los afiliados a los servicios de salud necesarios.
Martínez comparó la actual crisis con otros momentos históricos difíciles para la industria, como los años 90, el 2001 y el período 2015-2019, pero advirtió que la situación actual es aún más grave. “Es uno de los momentos más difíciles comparables quizás con los 90, con el 2001 o con el período 2015-2019, pero nosotros creemos que tiene mayor gravedad atento a que hay una decisión muy firme de parte del gobierno apoyado por muchos de los funcionarios que están integrando las distintas cámaras”, explicó. En este contexto, denunció la implementación de medidas que considera inconstitucionales, como el decreto 70/2023, que según él recorta derechos laborales y sociales. Aunque evitó anunciar medidas concretas para confrontar tan desesperanzador panorama para el trabajador metalúrgico.
Sobre lo que sí manifestó su preocupación fue sobre el Régimen de Incentivo para Granes Inversiones (RIGI), una medida que calificó como “la entrega absoluta de nuestra soberanía y de nuestros derechos sobre los patrimonios nacionales”. Según el dirigente, esta política beneficiará «a las multinacionales», permitiéndoles extraer recursos de manera impune sin dejar beneficios para el país.
Finalmente, Oscar Martínez, en su regreso a los medios, insistió sobre el compromiso del gremio en confrontar este tipo de políticas,: “Nosotros no solo no lo compartimos, sino que estamos absolutamente en contra y lo hemos confrontado en cada una de las instancias, en la calle mismo, cuando llevamos adelante cada una de las acciones”, concluyó.
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