El avance de las tecnologías y el uso masivo de internet han traído consigo nuevos desafíos en materia de seguridad. En Argentina, los ciberdelitos y, particularmente, la corrupción de menores a través de redes sociales, se han convertido en un problema creciente.
Según afirmó en ((La 97)) Radio Fueguina Aníbal Lazzaroni, profesor en Investigación Criminal y experto en ciberdelitos, este tipo de delitos se ha incrementado de manera preocupante, lo que exige una mayor conciencia y acción tanto por parte de las autoridades como de la sociedad en general. «Estamos teniendo una vulnerabilidad muy grande con respecto a estas bandas y células que se van instalando en distintos lugares, que hoy por hoy hasta con poco equipamiento necesitan para poder generar estos delitos», advirtió.
La gravedad de la situación radica en que Argentina depende mayormente de las alertas que provienen desde el exterior para iniciar investigaciones. «En Argentina todas estas investigaciones arrancan por denuncias desde el extranjero. No tenemos una política clara con respecto a la investigación criminal en el área de los ciberdelitos», señaló Lazzaroni, destacando la falta de una estrategia local eficaz para combatir este tipo de delitos.
Este punto contrasta con otros países de la región, como Chile y Uruguay, que han implementado políticas más avanzadas en la lucha contra el crimen cibernético. La situación se agrava cuando se observa que muchos de estos casos implican la participación de menores, quienes, por su cercanía a la tecnología, pueden involucrarse de manera involuntaria o ser manipulados para producir y compartir material inapropiado. “La producción, la comercialización puede pasar por menores que manejan determinado tipo de sistemas y suben estas imágenes”, explicó Lazzaroni.
El experto resaltó la importancia de que las legislaciones avancen al ritmo de los delitos, sobre todo en lo que respecta a la protección de los investigadores que trabajan en la detección y rastreo de estos criminales en internet. «Es como si fuera un agente encubierto en la navegación, o sea, necesito proteger y blindar a esa persona con todo el marco legal para que pueda hacer el trabajo de investigación dentro de las redes», subrayó. Sin una legislación que respalde adecuadamente este trabajo, las investigaciones corren el riesgo de ser ineficaces, lo que dificulta la posibilidad de frenar el avance de estas redes criminales que operan en todo el mundo.
Uno de los puntos más alarmantes que planteó es la forma en que este tipo de delitos ha evolucionado. Lo que antes era considerado una patología, ahora se ha transformado en un negocio lucrativo para muchos. «Lo que era una patología de pocos ahora es un negocio de muchos», afirmó el experto, poniendo en evidencia cómo las motivaciones detrás de estos delitos han cambiado y se han convertido en una industria, facilitada por la tecnología y el acceso global a internet. Además, enfatizó que las edades de las víctimas cada vez son menores, y la intervención por parte de las familias se ha vuelto insuficiente, lo que agrava aún más la situación.
Una de las principales preocupaciones es el impacto psicológico que estos delitos pueden tener en las víctimas, aunque muchas veces este trauma no se manifiesta de inmediato. «Es imposible que no aparezca trauma, pero lo que yo hago es prolongarlo en el tiempo», indicó Lazzaroni, haciendo referencia a cómo los menores pueden normalizar la situación al punto de no mostrar señales evidentes de lo que están viviendo, lo que complica la detección de estos casos por parte de los adultos responsables. Este retraso en el reconocimiento del daño puede llevar a que las consecuencias psicológicas se manifiesten muchos años después, cuando ya es más difícil abordar el problema y ofrecer apoyo adecuado a la víctima.
En este contexto, hizo un llamado urgente a trabajar desde la prevención y la educación para proteger a los menores de estas situaciones. La naturalización de la exposición a través de internet, sumada a la búsqueda de beneficios económicos o de estatus social, ha creado un escenario en el que los niños y adolescentes se ven tentados a compartir imágenes inapropiadas bajo la falsa sensación de anonimato. “No importa lo que entregue, no va a pasar nada, empiezo mandando una foto de mis pies, después empiezo mandando una foto de mis genitales», ejemplificó Lazzaroni, advirtiendo que este tipo de comportamiento se ha normalizado entre los menores, lo que permite que los delitos avancen sin que haya una respuesta inmediata.
A medida que la tecnología continúa evolucionando, el desafío para las autoridades argentinas es implementar medidas más estrictas y efectivas para combatir estos delitos. El trabajo conjunto con organizaciones internacionales y la actualización de las leyes son pasos necesarios para enfrentar un problema que, como señaló, tiene una dimensión global y requiere una respuesta acorde.
Sin embargo, la prevención sigue siendo uno de los pilares fundamentales para frenar este tipo de ciberdelitos, y es esencial que las familias y las instituciones educativas trabajen de la mano para educar a los menores sobre los riesgos que implica el uso irresponsable de la tecnología.
La situación que enfrenta Argentina en términos de ciberdelitos y corrupción de menores es alarmante. Si bien los avances tecnológicos han traído beneficios innegables, también han generado nuevas amenazas que requieren ser abordadas con urgencia y con un enfoque integral. La cooperación internacional, la actualización legislativa y una mayor conciencia social son clave para enfrentar este flagelo que, según Aníbal Lazzaroni, está lejos de desaparecer si no se toman medidas inmediatas.
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