La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Río Grande anunció su adhesión al paro nacional convocado por los gremios docentes universitarios para el 26 de septiembre, en protesta contra el eventual veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo. Esta ley, recientemente aprobada por el Senado, es foco de controversia desde que el presidente Javier Milei manifestara su intención de vetarla, lo que ha generado una creciente movilización en los ámbitos universitarios.
Fabio Seleme, secretario de Extensión de la UTN Río Grande, confirmó que la Asociación Gremial de Docentes de la UTN se sumará a la medida de fuerza, aunque el comunicado oficial del gremio aún no ha sido emitido. «En principio, nuestro gremio está en línea con adherir al paro. Si bien todavía no sacó su comunicado oficial, el paro está previsto para el jueves 26», explicó por ((La 97)) Radio Fueguina.
Además, adelantó que se está organizando una movilización para el 2 de octubre, en caso de que el veto presidencial se efectúe y la Cámara de Diputados lo trate en esa fecha. «Si Milei decide vetar la Ley de Presupuesto, sería estimativamente el día que la Cámara de Diputados trataría el veto presidencial», indicó.
La protesta no solo responde al posible veto, sino también a la percepción de corrupción en el funcionamiento legislativo en general. Seleme señaló que, durante el proceso de aprobación, hubo contacto con diputados y senadores por parte de los gremios universitarios, quienes acompañaron la propuesta. Sin embargo, criticó duramente la actitud de ciertos legisladores: «Vimos cómo en la Cámara de Diputados de la Nación el nivel de corrupción personal y política de algunos legisladores les hizo cambiar el voto en menos de un mes, obviamente por razones económicas».
Para Seleme, este comportamiento revela un problema más profundo en la clase política. «Es lamentable en términos ya no solamente de un gobierno, sino del sistema que muestra su degradación más grave», afirmó, agregando que quienes deberían representar a la ciudadanía actúan «solamente por el interés económico personal del mejor postor en ese momento».
La crítica se extendió al gobierno de Milei, a quien acusó de adoptar decisiones ideológicas destinadas a castigar a los sectores más vulnerables en beneficio del capital financiero. Según el secretario de Extensión, la actitud del gobierno y de los legisladores que apoyan estas medidas no responde a una necesidad económica genuina: «No es una cuestión económica, porque si uno estuviera obligado por una cuestión económica y presupuestaria de hacer un ajuste, podría hacerlo y al mismo tiempo sentir el dolor de tener que recortar. Pero acá no hay ningún dolor, acá hay la felicidad de hacer que los jubilados no ganen».
La preocupación no es solo por los docentes y no docentes, sino también por los estudiantes. Seleme destacó cómo el deterioro de las condiciones socioeconómicas impacta directamente en los jóvenes que asisten a la universidad, muchos de los cuales enfrentan dificultades para costear el transporte o los materiales necesarios. «La degradación, el deterioro en la calidad de vida no solamente lo sufren los docentes y no docentes, lo sufren nuestros alumnos también», explicó. En ese sentido, lamentó que algunos estudiantes deban abandonar sus estudios debido a la falta de recursos, aun cuando la educación pública no tiene costo directo: «Una carrera siempre insume recursos, transporte, libros, bibliografía, tiempo».
También manifestó su escepticismo respecto al futuro del sistema político argentino, afirmando que no se puede confiar en ciertos legisladores que han cambiado su postura tras recibir incentivos económicos o cargos. En referencia a los diputados que modificaron su voto, comentó: «Alguno incluso renunció para que subiera otro de otro partido, una cosa ya escandalosa que lamentablemente no nos asombra».
A pesar de la situación descripta, Fabio Seleme sostuvo que no es momento de «bajar los brazos» y que se debe seguir apelando a aquellos representantes que no sucumben a la corrupción.
La movilización prevista para el 26 de septiembre promete ser un punto álgido en la confrontación entre el sector educativo universitario y el gobierno nacional, y se espera que el rechazo al veto presidencial impulse aún más la participación en futuras protestas. «Va a pasar algo parecido a lo que pasó con la primera marcha, que fue masiva, y creemos que va a ser todavía superior, porque el nivel de degradación que viene sufriendo la vida de las personas es cada vez mayor» concluyó Seleme.
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