El técnico en seguridad vial automotor, Andrés Fernández, de la empresa encargada de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Río Grande, expresó su firme oposición al proyecto de ordenanza presentado por el bloque FORJA, que busca extender el plazo para la verificación técnica de los transportes de pasajeros de seis meses a un año. Según dijo Fernández en ((La 97)) Radio Fueguina, esta medida pondría en riesgo la seguridad vial y priorizaría factores económicos sobre la protección de las personas.
Para Fernández, la seguridad es un aspecto innegociable cuando se trata de la circulación de vehículos destinados al transporte de personas. “Llama mucho la atención y la verdad que estamos hablando de cuestiones técnicas. Acá la cuestión económica me parece que se intenta prevalecer por sobre la seguridad vial ya sea para propios o terceros. Sinceramente desde el lado técnico no le encuentro ningún sentido”, subrayó, aludiendo a que un aumento del plazo podría generar una mayor exposición a riesgos en la vía pública.
El técnico explicó que la revisión inicial de los vehículos de transporte, tanto para aquellos que son 0 km como para los usados, es clave para asegurar que estén en condiciones óptimas. “Cuando un vehículo se intenta habilitar para transporte de pasajeros, se hace una revisión inicial, ya sea 0 km. Hay otras cuestiones que deben ser tenidas en cuenta como son matafuegos, martillos para rotura de cristales en caso de salidas de emergencia, las salidas de emergencia propiamente dichas, butacas, cinturones y todas esas cosas que deben ser tenidas en cuenta, más allá que el vehículo sea 0 km”, detalló. En su experiencia, incluso en vehículos nuevos se han detectado fallas, como la presencia de un amortiguador suelto.
Además, destacó la importancia de que las revisiones periódicas se mantengan dentro del plazo vigente de seis meses, ya que el uso constante de los vehículos provoca un desgaste diario que podría comprometer su seguridad. “El desgaste es diario, el uso… hay vehículos que están prácticamente todos los días 24 horas funcionando. Esas anomalías deben ser reparadas, porque estamos hablando de seguridad vial, no estamos hablando ni de tiempo, ni de costos”, consignó Fernández, al referirse al desgaste de componentes clave como los frenos, neumáticos y luces.
Mencionó que, según estadísticas, el 42% de los vehículos que pasan por la RTO presentan anomalías que requieren corrección, y teme que este porcentaje aumente si se amplía el plazo para la verificación. “En esas anomalías hay una lista bastante importante de las cuestiones y cosas que se revisan y tienen que ser reparadas, porque si no el vehículo no está en condiciones”, afirmó. A su juicio, la extensión a un año podría agravar esta situación, incrementando el número de vehículos que circulan sin haber corregido sus fallas.
La verificación técnica regular no solo es importante para cumplir con las normativas, sino que también está diseñada para minimizar el riesgo de accidentes, incendios y otros incidentes en la vía pública. “Lo que se busca con todo esto dentro del periodo de seis meses es minimizar el riesgo ante un evento, un siniestro, un accidente, un choque, un incendio o lo que fuere”, señaló. La seguridad de los pasajeros, explicó Fernández, depende de que los vehículos cuenten con los sistemas de emergencia en funcionamiento y que los componentes clave como frenos y cinturones de seguridad operen de manera adecuada.
La preocupación radica en que, al extender el plazo a un año, se podría permitir que un número mayor de vehículos circule sin que se verifiquen fallas críticas, lo que pondría en riesgo tanto a los pasajeros como a otros usuarios de las vías. «La seguridad vial para mí prevalece por sobre el costo y por sobre el tiempo», sentenció, reafirmando su postura contraria a la iniciativa.
En resumen, el técnico en seguridad vial Andrés Fernández expresó de manera clara su rechazo a la propuesta de extender el plazo de la RTO para el transporte de pasajeros, destacando que la medida podría tener graves consecuencias para la seguridad vial, al priorizar consideraciones económicas sobre el bienestar de los ciudadanos.
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