El senador nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, de la Unión Cívica Radical, presentó un pedido de informes para solicitar al gobierno Nacional información sobre un trascendido periodístico que da cuenta de que el radar instalado en Tolhuin por la empresa Leolabs INC, será finalmente autorizado a funcionar por las autoridades nacionales bajo el argumento que es de propiedad norteamericana y que no puede dársele uso o fines militares.
Blanco estrictamente solicita conocer bajo cuál personería jurídica va a funcionar, puesto que la Inspección General de Justicia fueguina inició el proceso de disolución de la sociedad LeoLabs Argentina SRL por conformarse la “imposibilidad sobreviniente de cumplir con su objeto social”.
Además, requiere el dato sobre qué autoridad nacional otorgará el reconocimiento a la mencionada personería, bajo qué jurisdicción quedará en funcionamiento el radar, si nacional, provincial o mixta y a qué se dedicará concretamente el radar, si cumplirá o no funciones de inteligencia militar al servicio de la o las naciones con las que la empresa llegue a acuerdos comerciales o de cooperación.
También en la misma minuta el fueguino consulta si el gobierno nacional está en condiciones de desmentir la información brindada por la propia compañía Leolabs INC de haber llegado a un acuerdo con Inglaterra “para que el radar suministrara información sensible de naturaleza militar”.
Blanco solicita que se explique, en caso de que el gobierno nacional finalmente autorice su funcionamiento, qué repartición controlará su accionar, quién lo supervisará y qué grado de injerencia tendrá el Estado argentino sobre el mismo. Asimismo, requiere que, en caso de otorgarle el permiso para funcionar, brinde un pormenorizado informe que respalde tal decisión desde el punto de vista técnico, militar, diplomático y geopolítico.
“Esta noticia va decididamente en contra de lo expresado por la propia empresa Leolabs quien anunció dos meses atrás un convenio con el gobierno inglés para que el mencionado radar brinde información estratégica de ese carácter”, afirmó el senador fueguino.
Además, manifestó sus dudas dado que “resulta que en el preciso momento en que autoridades judiciales fueguinas hacen lugar a un pedido de inhabilitación de la empresa para quitarle la personería jurídica, el gobierno nacional estaría anunciando que el radar instalado en el corazón de la isla de Tierra del Fuego llegó para quedarse definitivamente”.
En su fundamentación, el senador destaca que “desde el día uno fui un férreo opositor a la instalación de tecnología satelital extranjera en territorio nacional sin controles ni supervisión alguna por parte del Estado”, sobre todo teniendo en cuenta que tal tecnología “puede ser empleada con fines de inteligencia militar y responde a intereses que usurparon Malvinas”.
“Todo lo ocurrido en torno a este radar ha sido un fiel reflejo del desastre en que se ha convertido nuestro país en términos de política exterior” reprochó el parlamentario, haciendo alusión expresa al gobierno anterior que permitió la instalación “con la anuencia del presidente Alberto Fernández” y señalando también “la complicidad del gobernador fueguino”. Y también arremete contra el gobierno actual, a quien lo califica “volcado claramente a pretender agradar a los intereses norteamericanos e ingleses” en la pretensión de que “todo siga como si nada. Mientras tanto los fueguinos y los veteranos de Malvinas siguen esperando una respuesta coherente que venga a poner orden y claridad con los que pasa con nuestra provincia y su soberanía”.
Finalmente, el senador Pablo Blanco aboga por un rápido y total esclarecimiento de la situación “para que los argentinos y los fueguinos sepamos si están jugando con nosotros o si esto forma parte de una nueva estrategia de posicionamiento internacional que, al parecer, pretende continuar y profundizar el cometido del gobierno anterior que permitió la instalación del mencionado radar en el corazón de mi provincia”.
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