El fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia, que suspendió la elección de convencionales constituyentes y otorgó un plazo de 30 días para que el Ejecutivo provincial responda sobre la inconstitucionalidad de la Ley 1529, ha generado una respuesta contundente desde distintos sectores políticos. El abogado Federico Runin, concejal y secretario del partido FORJA, expresó en ((La 97)) Radio Fueguina su análisis detallado tanto desde el punto de vista técnico como político, destacando su sorpresa por la celeridad de la decisión judicial.
Runin subrayó que la resolución judicial causó «sorpresa total» desde el primer momento. La medida cautelar, que congela el proceso electoral, ha sido interpretada por referentes de su espacio como un intento de judicializar un proceso que consideran plenamente legítimo y ajustado a derecho. En su análisis, el abogado sostuvo que tanto la ley como el decreto que convocan a la elección de convencionales cumplen con todos los requisitos constitucionales necesarios para llevar adelante una reforma de la Carta Magna provincial.
Desde un enfoque técnico, Runin explicó que la Constitución provincial establece plazos y procedimientos específicos para convocar a una reforma. En este sentido, destacó que la Ley 1529 fija un plazo de 210 días para llevar adelante la convocatoria, y que dichos días deben ser interpretados como hábiles administrativos: “Nos basamos en que la propia Constitución provincial en su cláusula complementaria, en el artículo 211, estipula que justamente todos los plazos en el marco de la Constitución deben ser interpretados como días hábiles, salvo que expresamente se diga lo contrario”, sostuvo Runin, reafirmando que el proceso se encuentra dentro de los tiempos establecidos.
El abogado también se refirió a los requisitos formales que la ley debe cumplir según la Constitución. Estos incluyen la fijación de un plazo para la elección de los convencionales, la especificación de los artículos a reformar, la determinación del lugar donde sesionará la Convención Constituyente, y la inclusión de una partida presupuestaria específica para el proceso. Runin aseguró que “la decisión de convocatoria ha sido una decisión absolutamente legítima, porque se han cumplimentado todos los pasos constitucionales previstos”, y afirmó que la ley es clara y se han respetado todos los procedimientos establecidos.
Desde un punto de vista político, interpretó la medida cautelar como una estrategia para obstaculizar un proceso que, según él, ha cumplido con todas las normativas vigentes. Argumentó que la medida no tiene otro propósito que “judicializar la política” y que las voces críticas al proceso han tratado de minimizar su importancia al centrarse en cuestiones presupuestarias o de reelección.
“Cuando se toma una decisión política de esta naturaleza, siempre tenés encuentros y desencuentros”, reflexionó Runin, quien defendió la necesidad de un debate amplio y profundo sobre la reforma constitucional como un espacio para dialogar y definir el futuro de la provincia.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia coloca al gobierno provincial en una posición donde deberá defender la legitimidad del proceso ante la justicia. En este sentido, Runin destacó que la Secretaría Legal y Técnica del gobierno está trabajando en la contestación de la medida, la cual incluirá argumentos sobre la fundamentación de la ley, la creación de la partida presupuestaria especial a través del Ejecutivo y otros aspectos técnicos que, según él, están debidamente cumplidos.
El análisis técnico y político presentado por Federico Runin refleja la postura de su espacio político frente a un fallo judicial que, desde su perspectiva, interfiere en un proceso constitucional legítimo y necesario. A medida que se aproxima el plazo para la respuesta del Ejecutivo, el debate sobre la reforma constitucional y la interpretación de la Ley 1529 continúa siendo un tema central en la agenda política de Tierra del Fuego.
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