Un nuevo “round” entre el gobierno de la provincia y la justicia fueguina se llevó adelante este jueves en la ciudad de Ushuaia.
A media mañana, dos móviles de Gendarmería Nacional se apersonaron frente a la sede de Casa de Gobierno con el fin de llevar adelante una orden emanada desde la justicia provincial, la cual consistía en realizar un allanamiento y el secuestro de elementos de interés en el marco de las presentaciones que se realizaron con el fin de suspender las elecciones a convencionales constituyentes para la reforma de la Constitución de Tierra del Fuego.
Cabe recordar que todo comenzó cuando el gobernador Melella firmó el decreto 1656/24, por el cual llamaba a elecciones convencionales en la provincia el próximo 10 de noviembre. Ante esta situación, el legislador Jorge Lechman realizó una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, considerando que la ley aprobada por la legislatura y que habilitaba el llamado a una modificación de la Constitución era inconstitucional, al mismo tiempo que el llamado por el decreto antes mencionado, fue realizado fuera de término.
Paralelo a ello, el ex concejal de la UCR Paulino Rossi realizó otra presentación ante el máximo órgano judicial, indicando que debía investigarse por una supuesta irregularidad en la confección del decreto 1656/24, el cual se encontraba fechado el día 25 de julio, dándose a conocer días después. Desde el gobierno se indicó que la difusión del decreto debió posponerse por fuerza mayor, teniendo en cuenta que en la jornada del viernes 26, la capital fueguina sufrió un gran apagón de energía eléctrica, el cual se extendió por más de 16 horas.
Para el abogado, esta situación planteaba “dudas”, por lo que sostenía la posible existencia de un delito de falsificación de documento.
Ya, mientras la provincia trabaja en lo que será la presentación de descargo ofrecida por el máximo órgano judicial sobre la suspensión de las elecciones, resolvió enviar la presentación realizada por Rossi al juzgado de Instrucción N°1 a cargo del Dr. Sergio Pepe, quien este jueves ordenó el allanamiento de la propia Casa de Gobierno en el marco de la investigación por presunto delito de “Falsificación de Instrumento Público”.
Según se pudo saber, se procedió al secuestro de equipos tecnológicos del área del despacho de Casa de Gobierno, en el cual se estima, debería haberse confeccionado el decreto en cuestión.
Cabe resaltar que el magistrado dispuso que sea el personal de Gendarmería Nacional quien lleve adelante la medida judicial y no la policía de la provincia al tratarse de un establecimiento provincial.
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