La Asociación de Magistrados se metió en la pelea entre el juez Löffler y el Gobierno

El fuerte enfrentamiento entre el gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia, muy lejos de bajar el tono, se enciende con el paso de las horas y más actores se suman a la disputa.

El cruce de expresiones preocupantes se sucede desde el mismo momento en que se conoció un fallo del máximo órgano judicial redactado por el juez Ernesto Löffler y firmado por los cinco integrantes del tribunal, que puso un freno al proceso de llamado a elección para la elección de Convencionales Constituyentes.

Sobre la tarde del jueves, fue la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia la que se manifestó a través de un comunicado en el que repudia supuestas expresiones del gobernador Gustavo Melella, algunas de público conocimiento y otras que no aparecen en una medulosa recorrida por los medios, en publicaciones posteriores a la difusión del fallo en cuestión.

El dictamen rechazado por Melella, resumido en diez páginas con abundantes referencias y citas jurisprudenciales, implicó la aceptación de un recurso de inconstitucionalidad contra el llamado a elección, presentado por el legislador Jorge Lechman, que obtuviera dictamen favorable apenas 26 horas después de ingresado.

Tras la recorrida del gobernador por los medios y sus encendidas publicaciones en redes sociales, Löffler se negó rotundamente a hablar con los medios de prensa, al igual que el resto de los integrantes del Superior Tribunal, con la única excepción de Gonzalo Sagastume, quien respondió con retaceos al consultorio periodístico, entre otros el de ((La 97)) Radio Fueguina.

No obstante, la que respondió a Gustavo Melella fue la sindical que agrupa a los magistrados y funcionarios, bajo la presidencia del prestigioso Juez Julián De Martino.

En un comunicado dado a conocer en la tarde del jueves, la entidad rechaza el término de «casta» que aludiría a jueces y funcionarios judiciales fueguinos y reclama explicaciones al Gobernador, aun cuando en el círculo más íntimo al mandatario se negó rotundamente que hubiera utilizado tal expresión en referencia directa a los integrantes del Poder Judicial.

El escrito firmado por De Martino consigna que “La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, observa con atención y preocupación las declaraciones públicas efectuadas en diversos medios periodísticos por el Sr. Gobernador, Prof. Gustavo Melella, a través de las cuales agravia y descalifica a los jueces del Superior Tribunal de Justicia en particular y, a quienes integramos el Poder Judicial en general, de un modo que trasciende el marco lógico y sano de la crítica propia de la vigencia de la Constitución”.

Prosigue diciendo que “La denominación de «casta» los miembros de un Poder del Estado y la alusión a que la resolución de un órgano jurisdiccional «pone en riesgo la paz social», proviniendo de una persona de tal alta envestidura (sic)en la vida institucional, lejos de contribuir a ella, podría ser interpretado como un llamado a una reacción violenta; lo cual, entendemos, lejos está de su intención”.

“El sometimiento de las ciudadanas y ciudadanos a la ley –prosigue el texto- conforma el pilar básico sobre el que se asientan los mecanismos que permiten la convivencia de los integrantes de una comunidad; por lo cual, como aporte y contribución a la «paz» invocada, entendemos que los conceptos vertidos merecen una aclaración”, finaliza el comunicado.

Hasta altas horas de la noche no se conoció respuesta alguna desde el lado del gobierno, aunque la polémica parece muy lejos de agotarse.

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