En los próximos días, se espera la presentación del informe final sobre el accidente aéreo ocurrido hace dos años en el aeropuerto de Río Grande, donde un avión sanitario Learjet se estrelló poco después de despegar, resultando en la trágica pérdida de cuatro vidas, incluida la enfermera Denise Torres García. El abogado Francisco Ibarra, representante de la familia de Denise, proporciono en ((La 97)) Radio Fueguina una actualización detallada sobre el progreso del caso.
Ibarra subrayó que las audiencias testimoniales ya se completaron y que se está a la espera del informe final del perito judicial oficial y de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil. “Las audiencias testimoniales se llevaron a cabo y actualmente estamos a la espera del informe final que tiene que practicar el perito judicial oficial. Y a su vez también el informe final que tiene que realizar la Junta”, afirmó.
Aunque los informes finales aún no se presentaron, los parciales ya disponibles arrojan luz sobre la causa del accidente. Según Ibarra, tanto la Junta como el perito han determinado que el siniestro se debió a un “error grosero en el mantenimiento” del avión.
Este fallo crítico fue atribuido a la ausencia de un clip que provocó una desconexión entre los comandos y los alerones. “La ausencia de un clip hizo que existiera una desconexión entre los comandos y los alerones… Tanto piloto como copiloto no tuvieron el control que corresponde de la aeronave”, explicó Ibarra, destacando cómo este error llevó al giro fatal hacia la izquierda y la posterior caída del avión.
La propietaria del avión, Flying América, y la empresa responsable de su mantenimiento, Air Delta, están bajo escrutinio debido a sus vínculos comerciales directos. El letrado señaló que, una vez concluido el informe final, se evaluarán las responsabilidades para proceder con las imputaciones. “Una vez que concluya con todo este informe final que tiene que realizar el perito, evaluaremos ya lo que se refiere a las responsabilidades a los efectos de las imputaciones a los titulares de ambas empresas como para que ejerzan sus derechos de defensa”, dijo.
El abogado también mencionó que se está considerando la responsabilidad civil, señalando que, a pesar de que la aeronave contaba con un seguro, no se ha presentado ninguna indemnización a la fecha. “La empresa contaba con un seguro, no se presentó, ni tampoco se hizo efectivo ninguna clase de indemnización ni nada por el estilo”, mencionó, sugiriendo que esto también podría ser objeto de juicio una vez que se aborden las responsabilidades penales.
La determinación de las responsabilidades penales es el foco principal de la querella, dado que este trágico accidente resalta la importancia de cumplir estrictamente con los estándares de seguridad en la aviación. “Uno se sube a un avión esperando que se cumpla con todos los requisitos de seguridad, uno entrega su seguridad a terceros. Ahora, que sucedan esta clase de errores, esta situación, es inaudito”, remarcó Ibarra, señalando la gravedad del fallo de mantenimiento en una aeronave bimotor diseñada para operar incluso con un solo motor en caso de emergencia.
La espera del informe final también se ha vio afectada por la necesidad de traducir ciertas órdenes de servicio, un paso que se espera completar pronto. “Estamos en realidad a la espera de unas traducciones de unas órdenes de servicio que se habían pedido, que entendemos que esto tiene que ser prontamente y una vez que se tengan traducciones, se podrá concluir con el informe”, concluyó el Dr. Francisco Ibarra, enfatizando que la precisión y la acreditación de los hechos son cruciales para avanzar en el caso.
La presentación del informe final marcará un punto crítico en la búsqueda de justicia para las víctimas de esta tragedia, proporcionando la base necesaria para las futuras acciones legales y la determinación de responsabilidades tanto penales como civiles.
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