En el contexto del debate sobre la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego, el legislador Matías Lapadula, representante del partido Provincia Grande, expresó su apoyo inequívoco a la legislación vigente que prohíbe la producción de salmónidos a gran escala en las aguas provinciales. Sin embargo, también abogó por una discusión más amplia sobre la acuicultura, con el fin de desarrollar un marco regulatorio sostenible y consensuado.
«Estoy absolutamente de acuerdo con la prohibición que se estableció respecto a la salmonicultura a gran escala y en aguas de la provincia, tanto en el canal Beagle como en cualquier cauce de agua. Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que está bien y que no se debe modificar ni permitir», afirmó por ((La 97)) Radio Fueguina el legislador Lapadula. Su declaración subraya un compromiso con la protección del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales de la región.
Pero, Lapadula no se limitó a abordar solo la prohibición de las salmoneras, sino que propuso una reevaluación integral de la acuicultura en la provincia. «Lo que significa para la provincia de Tierra del Fuego, en todo caso, la salmonicultura en general es una cosa muy pequeña, sino lo que tiene que ver con la acuicultura en general, que es algo muchísimo más amplio», señaló. En este sentido, destacó la necesidad de un enfoque sostenible y consensuado, involucrando a diversas instituciones y sectores de la sociedad.
Enfatizó sobre la importancia de involucrar a instituciones científicas y académicas en el desarrollo de la acuicultura: «Nos tenemos que dar el trabajo con todos los sectores que pueden aportar a eso, universidades, CADIC, INTA, asociaciones ambientales, empezar a pensar un desarrollo para el sector teniendo en cuenta, por supuesto, que sea sostenible y que tenga todos los cuidados del medio ambiente», mencionó. Y subrayó la necesidad de un desarrollo colaborativo, basado en el conocimiento científico.
Para Lapadula, la clave está en establecer una legislación integral que defina claramente qué actividades acuícolas son permitidas y cuáles no. «Yo creo que lo que tenemos que pensar es en una ley integral de desarrollo del sector acuícola, que diga precisamente qué cosas se pueden hacer y qué no, y seguramente el tema de las salmoneras quedará excluido de esta ley de desarrollo del sector», explicó. Esta ley permitiría avanzar en otras áreas de la acuicultura, como el cultivo de mejillones y la producción a partir de algas, que podrían convertirse en industrias importantes para la provincia.
Insistió en que cualquier desarrollo en el sector debe ser resultado de un proceso consensuado y no una respuesta a proyectos específicos de empresas o particulares. «La ley de prohibición de la salmonicultura está bien y yo creo que debe mantenerse absolutamente. Pero eso surgió como respuesta a un determinado proyecto de una empresa extranjera que quería hacerlo», comentó. En este sentido, Lapadula apuesta por un desarrollo acuícola que respete los principios de sostenibilidad y consenso social.
Aunque apoya claramente la prohibición de la salmonicultura en aguas abiertas, consideró que se puede explorar la posibilidad de desarrollar esta actividad en tierra, bajo estrictas regulaciones. «En tierra sí se puede hacer, porque no causa un impacto. Entonces, por ahí se puede rever para que un proyecto de esa naturaleza, que hoy se puede hacer en el mundo pero que requiere inversiones más importantes… es una inversión muy importante. ¿Se puede hacer? Bueno, si hay alguien que quiere invertir esa plata en Tierra del Fuego y de esta manera y que no afecte o que no tenga ningún efecto sobre el medio ambiente, habrá que evaluarlo», concluyó.
Finalmente, Matías Lapadula resaltó la necesidad de un enfoque colaborativo para desarrollar la mejor legislación posible para la acuicultura en Tierra del Fuego. «Creo que el camino es por ahí, no imponer desde la Legislatura, sino empezar a trabajar toda la sociedad fueguina en conjunto para poder tener la mejor ley que se pueda», afirmó, comprometiéndose a seguir dialogando con todos los sectores involucrados y a trabajar en la construcción de un marco regulatorio que promueva el desarrollo sostenible del sector acuícola en la provincia.
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