En los próximos días, la jueza federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto, podría emitir una resolución definitiva sobre la controvertida cuestión del aumento de las tarifas de gas, luego de que la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia emitiera una decisión clave en relación con una medida cautelar presentada por el gobierno de Tierra del Fuego.
Así lo dio a entender el Dr. Juan Vicente, secretario del Juzgado Federal de Río Grande, quien por ((La 97)) Radio Fueguina explicó los alcances de la reciente resolución de la Cámara de Apelaciones. «Lo que resolvió ayer la Cámara fueron varias cosas en relación a lo que había resuelto en primer momento la jueza federal», indicó Vicente. En el centro de la disputa se encuentra un planteo del gobierno fueguino que cuestiona la validez de los aumentos dispuestos por la Secretaría de Energía junto con el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
La medida cautelar presentada por Tierra del Fuego buscaba evitar cortes de suministro de gas a aquellos usuarios que no pudieran afrontar los incrementos tarifarios, considerados exorbitantes. La jueza federal había dictaminado que, mientras se revisaba la cuestión de fondo, no se realizaran cortes de suministro, argumentando que tales acciones podrían generar «un daño irreparable» en el contexto climático invernal de la región.
«La jueza entendió que era apropiado que mientras durase el tiempo para revisar esto, para que el Estado Nacional pudiese contestar y todo lo que conlleva, el trámite no se realizase en cortes de suministro en virtud de esos aumentos, porque eso podría generar un daño irreparable», afirmó Vicente. Resaltó la importancia de evitar interrupciones en el servicio de gas, especialmente en una provincia donde las condiciones climáticas adversas hacen que el suministro de gas sea vital.
El gobierno nacional, a través de ENARGAS, apeló esta medida, lo que llevó la cuestión a la Cámara de Apelaciones. Ese tribunal, sin embargo, confirmó la validez de la medida cautelar dispuesta por la jueza, estableciendo que «era una medida apropiada hasta tanto se resolviera el fondo de la cuestión» según expresó el secretario del Juzgado.
Además, la Cámara abordó una recusación presentada por el Estado nacional, que argumentaba que la jueza había adelantado su opinión al dictar la medida cautelar. La Cámara desestimó esta recusación, concluyendo que «la jueza lo que había hecho había sido resolver lo que se le había planteado en ese momento» y que sus apreciaciones no constituían un adelanto de opinión. Con esta decisión, la jueza está ahora en condiciones de abordar y resolver la cuestión de fondo.
«Hubo un retraso para resolver la cuestión por esto del planteo de la recusación, pero por lo que tengo entendido, en los próximos días, la semana que viene, seguramente la jueza esté en condiciones de dar una respuesta a este planteo, de si esta resolución que dispuso los aumentos del tarifario era válida o no», señaló Vicente a continuación.
El fondo de la cuestión gira en torno a la metodología utilizada por la Secretaría de Energía y ENARGAS para calcular las nuevas tarifas de gas, que llevaron a incrementos de hasta un 1200% en las facturas. Este aumento ha sido criticado desde el punto de vista del derecho del consumidor, ya que se cuestiona si hubo suficiente previsión e información para los usuarios y si el aumento es proporcional a una economía familiar previsible.
El Dr. Juan Vicente subrayó la importancia del servicio de gas, destacando que «es un servicio esencialmente que se maneja diferente a otros servicios» y que no tiene alternativas viables para los usuarios, a diferencia de servicios opcionales como plataformas de entretenimiento. La decisión final de la jueza podría tener un impacto significativo en la regulación de las tarifas de gas y en la protección de los derechos de los consumidores en Tierra del Fuego y en otras regiones afectadas por los aumentos tarifarios.
En definitva, la resolución que podría emitir la jueza federal en los próximos días será crucial para determinar la validez de los aumentos tarifarios y la protección de los consumidores frente a incrementos considerados desproporcionados y potencialmente dañinos.
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