A principios de junio, la fundación CONIN recibió un cargamento de leche en polvo por parte del Gobierno Nacional para ser repartido en los comedores de Río Grande y Ushuaia, lo que se realizó en un operativo que alcanzó a los comedores registrados. En las últimas horas se conoció una situación de una persona denunciada por intentar vender la leche repartida por CONIN. El abogado Francisco Giménez, quien radicó esa denuncia, concretamente contra una mujer, relató en ((La 97)) Radio Fueguina los pormenores de la iniciativa.
La denuncia se centra en una mujer que habría intentado comercializar la leche donada a través de plataformas de venta en línea. Giménez detalló que la denuncia fue presentada ante la fiscalía federal, adjuntando como pruebas los paquetes de leche adquiridos, que llevaban la inscripción «prohibida su venta», junto con fotografías de medios locales que confirmaban que era la misma leche distribuida por CONIN.
«Presentamos la denuncia en la fiscalía federal, acompañamos los paquetes de leche que habíamos comprado, con la inscripción de prohibida su venta y fotografías de medios locales que reflejaban que era la misma leche que se había repartido», explicó Giménez. El abogado subrayó la gravedad del caso, considerando que «es un delito en contra del Estado, una defraudación poniendo en el circuito ilegal de venta esta leche que tenía otro destino».
Según relató, la investigación comenzó cuando, por curiosidad, buscó en Facebook Marketplace si se repetía en Tierra del Fuego la situación que había ocurrido en Mendoza. Fue entonces cuando descubrió que, efectivamente, se estaba vendiendo la leche donada. «Tomamos contacto con una vendedora, una mujer, a través de colaboradores del estudio, con otro nombre a través del chat. Nos contactamos a ver si tenía disponible la cantidad, nos dijo que sí, que tenía cuatro paquetes, pactamos el precio que fue de $5000 cada paquete de un kilo y nos dio una dirección céntrica de la zona de Chacra, Cemep».
Para obtener pruebas, Giménez y sus colaboradores realizaron una compra controlada, filmando la transacción y grabando la conversación con la vendedora. «Le entregamos en efectivo $15.000, porque justo nos dijo que el otro paquete que nos había prometido recién lo había vendido a la persona que había llegado a comprar un paquete. Registramos todo esto y lo pusimos a disposición de la justicia».
El letrado expresó su sorpresa al constatar que la vendedora no parecía ser alguien en situación de necesidad extrema. «Nos llamó la atención que tampoco era una casa digamos de bajos recursos, precaria, la casa céntrica de clase media normal», señaló. Esta observación lo llevó a sospechar que el problema podría ser más amplio y sistemático.
Giménez también reflexionó sobre la dificultad que enfrentan las instituciones para controlar el destino de las donaciones una vez entregadas. «Sería absolutamente imposible para el Estado controlar el destino de cada uno de los paquetes, cuando estamos hablando de 8 toneladas. De hecho, la fundación CONIN había hecho una denuncia por esta maniobra en la provincia de Mendoza».
El abogado hizo un llamado a las autoridades para que investiguen a fondo y tomen las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan. «Es defraudación al Estado porque son recursos públicos que salen de su destinatario y se ponen a la venta. Hay que ver si acá estamos en presencia de una o más personas que pactaron, se pusieron en complicidad para hacer este tipo de operaciones, entraría en otro tipo de delito, robo, hurto, esto es materia de investigación».
Finalmente, el Dr. Francisco Giménez subrayó la importancia de proteger estos recursos destinados a los más vulnerables, destacando el impacto negativo que tiene la venta ilegal de alimentos donados en la comunidad. «Son treinta y dos litros de leche que les falta a algunos chicos, que no les llega esa leche. El tejido social está muy roto».
La denuncia presentada ha abierto una nueva etapa en la investigación y se espera que las autoridades judiciales actúen con celeridad para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, si se confirma la existencia de un delito.
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