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Merluza muy negra

Algo huele mal en las bodegas del Tai An

El caso de pesca no autorizada de merluza negra por un buque chino-fueguino, ya califica como escándalo. Lo que era solo “pesca incidental” menor, son 163 toneladas. Presiones y renuncias, apenas la punta del iceberg.

El descubrimiento de la pesca no autorizada de 163 toneladas de la codiciada merluza negra en el buque Tai An, de la empresa argentina Prodesur y con amarre en el puerto de Ushuaia, ha ganado las primeras planas de los principales medios nacionales y ha desatado una serie de graves consecuencias. Además de las renuncias y las acusaciones de presiones políticas sobre los organismos de control, el senador de Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), anunció su intervención en el caso.

Blanco informó en un posteo en redes sociales que «ante la gravedad de lo sucedido con la pesca irregular de Merluza Negra en aguas de fueguinas y los ‘aprietes’ que hubiera recibido el responsable de su fiscalización desde Cancillería, presentaré un pedido de informes y citaré a las autoridades para que brinden explicaciones».

La iniciativa del senador radical se suma a la creciente controversia en torno a las presuntas influencias políticas en el control pesquero y la gestión de los recursos marinos. Julián Suárez, quien renunció a su cargo como director de Control y Fiscalización Pesquera, alega haber recibido presiones de Cancillería para no tomar medidas contra el buque Tai An, propiedad del empresario chino Liu Zhijiang, vecino de Ushuaia.

Suárez, un funcionario de carrera, recibió la denuncia, pidió el derrotero, los antecedentes y el parte de pesca electrónico. Lo que corresponde, por cierto, si alguien captura 163 toneladas (algunos medios hablan de 142, muchas igual) de merluza negra equivalentes a USD 4 millones, y no tiene el permiso para ello.

Allí fue cuando recibió una llamada desde Cancillería de un nuevo funcionario que sería familiar de la canciller Diana Mondino. Con formas reñida con el respeto y la educación, habría cuestionado severamente el procedimiento regular de Suárez. A renglón seguido, se optó por una irregularidad: que el barco no regrese a puerto con su ilegal carga, sino que simplemente se retire de esa zona. El secretario de Pesca de la Nación, Juan López Cazorla, un viejo conocido de Tierra del Fuego, ex asesor de un diputado mandato cumplido, avaló la (de mínima) ilegitimidad.

El escándalo ha puesto en tela de juicio la eficacia de los mecanismos de control y fiscalización en la actividad pesquera, así como la integridad del proceso de toma de decisiones en el gobierno. Empresas del sector pesquero, que sí cuentan con autorización para pescar merluza negra, son las que denunciaron las irregularidades en la pesca del Tai An, mientras que organizaciones ambientales expresaron asimismo su preocupación por el daño potencial a la biodiversidad marina.

Esta mañana el barco del escándalo tocó puerto en Ushuaia (foto) y la inspección de la Prefectura permitió comprobar que todas las sospechas eran acertadas y hasta se quedaban cortas.

Ya no quedan dudas: el barco de capitales chinos con base de operaciones en Ushuaia y bandera argentina estaba dedicado a la pesca ilegal de una especie protegida, violando un sinnúmero de normas de tipo legal, económico y medio ambiental.

No obstante, no se conoce aún medida punitiva alguna, más allá de la confiscación de la carga que –probablemente- llegue a pudrirse en las bodegas del barco intervenido antes de que a alguien se le ocurra una conducta inteligente con un volumen de pescado cuyo valor se estima en varios miles de millones de pesos.

Se espera que la acción propuesta por el senador Blanco contribuyan a esclarecer los acontecimientos y responsabilidades en este caso, así como a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos pesqueros en la región.

La solicitud de informes y las citaciones a las autoridades relevantes podrían arrojar luz sobre esas presuntas presiones políticas, inaceptables desde cualquier punto de vista, y así prevenir futuros incidentes de pesca ilegal en aguas argentinas.

Queda flotando una pregunta terrible: ¿cuántos barcos más están depredando el recurso ictícola marino en aguas nacionales, protegidos por funcionarios que no sólo no cumplen con su deber, sino que –además- presionan a otros para que actúen del mismo modo infame y apátrida?

(Foto de portada: fuente diario Clarín)

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