En una estrategia política que podría alterar el escenario electoral a nivel nacional, el presidente Javier Milei puso sobre la mesa, en el proyecto de ley ómnibus, ajustes sustanciales en la distribución de bancas en la Cámara de Diputados.
La propuesta principal consiste en la adopción del criterio de circunscripciones uninominales para la elección de diputados, una medida que amenaza con desequilibrar la representación provincial.
El proyecto implica una revisión en la base de representación de diputados, elevando el mínimo a 180 mil votantes por banca y eliminando el adicional de 3 y el mínimo de 5 por distrito. Esto impacta directamente no sólo en la representatividad de las minorías, sino que se trata de un golpe mortal sobre Tierra del Fuego.
Si así se dan las cosas, Tierra del Fuego pasaría de contar con 5 bancas a tener solo 1, generando una disminución significativa que ha suscitado gran preocupación y rechazo en la provincia.
En tanto, provincias como Buenos Aires y Córdoba experimentarían un aumento sustancial, pasando de 70 a 97 y de 18 a 21 bancas, respectivamente.
La Cámara de Diputados está compuesta actualmente por 257 bancas. Pero de aprobarse la modificación, se reduciría a 255.
Analistas en calidad democrática han alertado sobre el particular. De implementarse los cambios, Buenos Aires representaría casi el 40% del recinto y otras provincias, como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta y Misiones, verían un aumento en su peso político, mientras que el resto perdería bancas. De hecho, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pasaría a ocupar el cuarto lugar. Y Tierra del Fuego conservaría el último.
El Gobierno admitió que para para este sistema de elección de diputados nacionales por circunscripciones uninominales, su inspiración es el modelo del Reino Unido.
Este cambio vendría a reemplazar el actual sistema que se conoce como “de lista sábana”, y permitirá que cada distrito electoral elija individualmente a un representante para la Cámara Baja.
La justificación del gobierno libertario es la pretensión de superar lo que llaman «crisis de la representación política», buscando evitar que las boletas de grandes distritos electorales beneficien a aquellos con el poder de determinar la integración de las listas, en supuesto detrimento del poder ciudadano.
La propuesta no ha escapado a críticas y enfáticos rechazos, más el anuncio de posibles acciones legales por su presunta inconstitucionalidad.
El proyecto se presenta como un verdadero desafío a la estructura electoral actual, agitando así un intenso debate sobre la representatividad política y la participación ciudadana.
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