Está claro que existe un sector importante de la sociedad argentina (al menos un tercio de la población) que luego de la asunción del presidente Javier Milei, y tal como lo han expresado diversos dirigentes sociales opositores y políticos de alto rango, cree y confía en que la lucha contra las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional se presentará en todos los ámbitos de la vida democrática: la política (en el Congreso), la Justicia (por la posible inconstitucionalidad de las medidas) y en la calle, mediante las protestas y movilizaciones.
Después de las jornadas de marchas, ya se escucha entre los testimonios la frase “se parece al 2001”. A su vez, la confrontación planteada se hace explícita en las primeras voces que proponen un paro nacional y las protestas de las últimas jornadas, caracterizadas por los matices que ha dejado el nuevo protocolo anti piquetes de Patricia Bullrich.
Ganadores-perdedores, todos analizan el hecho social según su conveniencia. Los promotores del protocolo, dirán que se logró impedir el corte de calles, a pesar de que en el día de hoy se registraron diversas acciones policiales donde fueron las mismas fuerzas de seguridad las que terminaron bloqueando la circulación e incluso cercando y encerrando manifestantes, periodistas y toda persona que pudiera quedar atrapada entre los vallados policiales. Los manifestantes argumentarán que se logró manifestar pacíficamente hasta que la Policía hizo uso excesivo de la fuerza y terminó deteniendo a seis personas en diferentes lugares, en circunstancias al menos discutibles por su proceder, y llegando a conocerse a través de los medios de comunicación que uno de los detenidos es un miembro de prensa de la CTA Autónoma.
Así se extiende y se ensancha cada día más esa línea divisoria que existe desde hace tiempo en la comunidad, esa conocida “grieta” infame que deriva en la pelea del pueblo contra el pueblo. Manifestantes increpando duramente a un movilero de A24, otro movilero de La Nación+ recibiendo desde una cachetada hasta un golpe cuerpo a cuerpo, a traición y por la espalda, y otras situaciones similares que vivieron los periodistas y que hemos visto en directo por los canales televisivos.
Entre el hartazgo social, la asfixia económica y la indignación política, se escuchan las historias y sentimientos de los entrevistados en las protestas, algunos más otros menos avezados en las refutaciones a las medidas anunciadas por el presidente: nada más y nada menos que 300 modificaciones y derogaciones de leyes, sin la más mínima discusión ni explicación en detalle, únicamente justificando tal magnitud de “Decreto de Necesidad y Urgencia” en función de una votación en balotaje que ubicó al presidente Javier Milei en el sillón de Rivadavia.
Ese voto de indignación ante la realidad y las últimas gestiones peronistas del país por parte de un 55% de los argentinos en las elecciones presidenciales debe comprenderse, principalmente, en razón de un castigo a la clase dirigente y en función de la esperanza de que el ajuste y los recortes caerían sobre los funcionarios públicos y la corrupción. Sin embargo, la gestión recientemente asumida se considera con legitimidad política para gobernar por decreto, cortar de raíz lo que supone que está mal, borrando de un plumazo lo que desprecia, y ordenando implementar aquello que responde a su creencia. Para el triunfador resulta sencillo negar al 45% de la sociedad que votó en contra, como sucede siempre en esta democracia futbolera, donde lo importante es ganar a como dé lugar, así sea por penales o un gol con la mano en el último minuto.
Es cierto que el presidente sabe que el margen de maniobra es muy pequeño y que debe tomar pronto las medidas que pretenda instaurar, porque el paso del tiempo solo dilatará la posibilidad de su aplicación debido a los debates parlamentarios que serán necesarios. El cambio en este caso se busca mediante una estrategia de “shock”, nada del gradualismo macrista, y a sabiendas de que las consecuencias serán brutales y muy dolorosas, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras, que ven depreciarse su salario con cada cotidiano aumento de precios.
Volviendo a la jornada de movilizaciones de este miércoles, quedó en evidencia que las fuerzas de seguridad modificaron su comportamiento respecto de las marchas del 20 de diciembre. En la actitud demostrada hoy, subyace una decisión de mayor protagonismo de los uniformados para dirigir la desconcentración de la protesta, llegando incluso a cortar calles en insólitos “piquetes policiales” con el objetivo de direccionar la salida de los asistentes, pero generando más que nada escaramuzas y agresiones dos horas después de finalizada la movilización central.
Por el momento, haciendo honor a la recomendación de algún funcionario de gestiones anteriores, tenemos que adaptarnos a una vida en la incertidumbre, en esta ocasión fundamentalmente porque no hay ninguna claridad de lo que pueda acontecer en el futuro cercano o inmediato en cuanto a la situación política, económica o social.
Tan solo una afirmación podemos realizar sin temor a equivocarnos, se potencia la confrontación de dos sectores de la sociedad: Un sector que defiende la continuidad de un gobierno recientemente elegido, más allá de las dudas que puedan generar las radicales medidas anunciadas, y con el aval de ese “tiempo de gracia” ganado a partir de una comparación inevitable con las repetidas gestiones peronistas, vapuleadas por el desgaste de la administración del poder y por las acusaciones del mal uso de los fondos públicos, con base en las condenas judiciales, la opinión pública y los enfrentamientos políticos. Otro sector, tal vez más ideologizado en algunos casos, pero con su racionalidad de análisis y una unidad genética-política muy fuerte, a pesar de los conflictos internos que suelen tener, el peronismo y afines, observa con espanto el “déjà vu” de las privatizaciones y desregulaciones, sumadas al ajuste salarial que implica la inflación. Las mismas medidas que en su momento representaron la traición de Carlos Menem a sus propias propuestas de campaña en los 90.
Muchos de los que vivimos esa etapa del país, crecimos pensando que ese vaciamiento del Estado y el endeudamiento fue el principio del estallido social de 2001. Sin embargo, el actual titular del Ejecutivo nacional reivindica la figura del fallecido expresidente (luego senador y condenado por venta de armas) como el mejor mandatario de la historia de la democracia argentina.
El riesgo es caer en la bipolaridad y no poder salir de allí. El temor radica en que una sociedad sin consensos básicos para el desarrollo nos lleve al conflicto permanente, teniendo en cuenta que cada gobierno sucesor busca desarmar lo hecho previamente y volver a fundar el país sobre nuevos cimientos. Vale decir que nunca lo logran, ya que se olvidan de la otra mitad de la población.
Por otro lado, Javier Milei ya adelantó que, de no prosperar la implementación del polémico Decreto de Necesidad y Urgencia, podría efectuar un plebiscito para poner en juego las medidas, lo cual parece bastante complejo para 300 reformas nada irrelevantes, sin contar lo peligroso de seguir viviendo la política como un partido de fútbol.
Comentarios