El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia a través de la Dirección Provincial de Formación en Políticas de Igualdad, dependiente de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad llevó adelante una capacitación en las instalaciones del IPRA para 108 agentes del Estado provincial. Se destacó la asistencia de personal de áreas como el I.P.V. y la C.P.S.P.T.F., entre otras.
La Ley Prov. N° 1.293 establece la capacitación obligatoria sobre las violencias por razones de género para quienes integran los poderes del Estado, adhiriendo a la normativa nacional.
Este trabajo se realiza de manera coordinada con el I.P.A.P., que oficia articuladamente en la preparación y logística de estas instancias formativas.
Se capacitó sobre el Módulo 2 «Perspectiva de Género y Diversidad», abordando nociones conceptuales, un acercamiento a la reflexión sobre otras masculinidades posibles y las responsabilidades del personal estatal respecto de las violencias por motivos de géneros. Siendo un requisito previo la obtención del certificado correlativo del Módulo 1 con el aval de la misma Coordinación, que formula sus contenidos acorde a lo establecido por los lineamientos del I.N.A.P., en el Programa Nacional de capacitación.
Por ello, se informa que en el marco del 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” se lanzará la capacitación del Módulo 3 sobre “Violencias por motivos de Género”, brindando así una proyección concreta hacia el 2024 donde se completará el programa general de la capacitación, permitiendo mantener una oferta permanente del trayecto de 4 módulos.
Es dable recordar la inscripción por medio de la página web del Gobierno provincial utilizando los enlaces o los códigos QR difundidos por diferentes establecimientos públicos de toda la provincia.
Desde el área mencionada señalaron la importancia de seguir implementando estos espacios de construcción colectiva con el fin de avanzar en la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad a todas las áreas, en pos de fortalecer el cumplimiento de la responsabilidad de cada integrante de toda la administración pública respecto a garantizar el acceso a los Derechos en el marco de sus funciones.
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