El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. Mariel Ester Borruto, efectuó una extensa descripción del estado de la causa que se tramita en su despacho, referida a supuestas torturas cometidas por militares argentinos en perjuicio de sus subordinados, durante la guerra de Malvinas, en 1982.
La denuncia, impulsada entre otros por el Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, CECIM, obra en el Juzgado Federal de Río Grande desde el año 2007. Tras permanecer en esa sede judicial durante años, la causa cobró impulso desde que asumiera la titularidad la Dra. Borruto, aunque desde hace 14 meses se encuentra paralizada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Respecto del tema, y en declaraciones efectuadas a ((La 97)) Radio Fueguina, el abogado del CECIM, Jerónimo Iraola, tuvo palabras de duro reproche contra la Jueza Federal de Río Grande, acusando a la Dra. Borruto de sostener “una decisión… de no avanzar en la causa”.
Insistiendo en fustigar a la Jueza de Río Grande, el abogado Iraola recordó que la denuncia data de 2007 y que a la fecha “hoy duerme una siesta incomprensible en el Juzgado”.
Pocas horas después de realizada la entrevista en vivo por la emisora, desde el propio juzgado de la Dra. Mariel Borruto se difundió un detallado comunicado referido al tema, desmenuzando cada uno de los pasos que se han dado en el expediente y explicando el porqué de la parálisis que se observa.
Refiere el documento que en la cusa, de 38 cuerpos, constan declaraciones de presuntas victimas oriundas de diversas provincias del país, y destaca otros impedimentos que traban las actuaciones, pese a lo cual no se detienen las actuaciones, dado que “periódicamente se presentan nuevas personas con la voluntad de radicar denuncia por los hechos de los que habrían sido víctimas”.
Señala, finamente, el informe que “en la actualidad, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el mes de diciembre de 2021”
El siguiente es el texto completo del comunicado del Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. Mariel Borruto.
La causa relacionada a las torturas que habrían sufrido conscriptos que fueron movilizados a las Islas Malvinas con motivo del conflicto bélico que se llevó a cabo en el año 1982, se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande desde el año 2007.
Así, en las causas N° 63001777/07 “Pierre Pedro Valentín y otros/delitos de acción pública” a la que se han acumulado otras dos causas: N° 1811/07 “Vassel, Pablo Andrés s/denuncia” y N° 1822/07 “Fuerzas Armadas de la Nación Argentina s/denuncia de acción pública” se investiga la posible comisión de delitos que podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos, de acuerdo a la legislación nacional vigente y, principalmente, en virtud de lo previsto en los Tratados Internacionales de Jerarquía Constitucional sobre protección a los Derechos Humanos (Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) cuya no resolución podría hacer incurrir a nuestro Estado Nacional en sanciones internacionales, como producto del incumplimiento de dichos tratados.
A los treinta y ocho (38) cuerpos que constituyen materialmente la causa, treinta (30) de ellos tramitados originalmente en formato papel, deben agregarse dieciséis (16) cajas conteniendo documentación (historias clínicas, legajos personajes, diarios de guerra, entre otras), mucha de ella en formato digital.
Es oportuno resaltar que la cantidad de hechos que se investigan -más de cien a la fecha- no se encuentra cerrada, toda vez que periódicamente se presentan nuevas personas con la voluntad de radicar denuncia por los hechos de los que habrían sido víctimas.
Debe destacarse, en cuanto a las particularidades que presenta el trámite de este expediente, que la pluralidad de víctimas e imputados, sumados al tiempo transcurrido desde la época en que los hechos acontecieron, el contexto bélico en que se desarrollaron, que implicó el traslado de una numerosa cantidad de personas de diferentes puntos del país hacia el territorio de las Islas Malvinas, repercuten en una dificultad especial para la reconstrucción histórica de los sucesos, dada la natural dispersión tanto de los testigos como de las víctimas y victimarios, a lo largo de los años.
A modo de ejemplo, basta mencionar que en el expediente obran declaraciones testimoniales de ex conscriptos radicados en Tierra del Fuego, pero también en las provincias de Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otras.
Sin perjuicio de las dificultades señaladas, durante el mes de diciembre de 2019 –año que coincide con la asunción en el cargo de esta magistrada- se llevaron a cabo las primeras indagatorias de la causa, a cuatro (4) de los imputados, todos pertenecientes a una sola de las unidades militares desplegadas en el suelo de las Islas Malvinas durante el Conflicto Bélico (a saber, el Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino).
Posteriormente, en el mes de febrero del año 2020, se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, con relación a los dieciocho (18) hechos por los que fueron intimados en audiencia, que tuvieron por víctima a veintiséis (26) soldados movilizados a las Islas con motivo de la Guerra de Malvinas.
Entre los delitos atribuidos, se encontraban los de: abuso de armas, contemplado en el artículo 104, las amenazas simples y con armas, receptadas en el artículo 149 bis e imposición de tormentos previsto en el artículo 144 ter (según la ley 14.616 que se encontraba vigente al tiempo de los hechos), del Código Penal Argentino.
Este procesamiento fue confirmado parcialmente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el 6 de abril de 2021, en tanto que, esa confirmación, fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 30 de mayo de 2021.
En la actualidad, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el mes de diciembre de 2021, en virtud del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por las partes.
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