El presidente de Chile, Gabriel Boric, decidió aceptar la renuncia de Marcela Ríos como ministra de Justicia y de Matías Meza Lopehandía, jefe de Gabinete, en medio de enfrentamientos y extrema tensión por los 13 indultos que decidió otorgar Boric en el final de 2022.
«Debido a que hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y considerando además la necesidad de fortalecer la gestión política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, he decidido aceptar la renuncia de Marcela Ríos Tobar a dicha cartera», dijo Boric ayer sábado.
«Cuando en política suceden situaciones de estas características debemos asumir las responsabilidades. En su reemplazo he decidido nombrar al destacado abogado don Luis Cordero Vega», destacó el gobernante.
La salida de Ríos del gabinete se produce horas después de que los partidos opositores y de derecha Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaran la presentación el próximo lunes 9 de enero de una acusación constitucional en contra de la ahora exministra. El juicio político se tramitará en el Congreso Nacional, donde el oficialismo no cuenta con mayoría.
Los indultos, el principio del escándalo
La razón de esa anunciada acusación constitucional surge del otorgamiento de 13 indultos presidenciales, el pasado 30 de diciembre, que favoreció a 12 condenados por hechos ocurridos tras el llamado estallido social que comenzó en octubre de 2019.
Además, el perdón presidencial le llegó a un exintegrante del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), condenado por el asalto a un banco en 2013.
Los indultos son una atribución del presidente de la República y frecuentemente han generado polémica, como cuando Sebastián Piñera (2010-14 y 2018-22) otorgó el perdón a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).
La controversia por los indultos de Boric creció cuando se conoció el prontuario de uno de los favorecidos, quien tenía condenas previas por robos con violencia y por un hurto.
El otorgamiento de perdones a personas condenadas por actos realizados durante la revuelta social que se inició en 2019 era una de las promesas de campaña de Boric.
El llamado estallido social dejó una treintena de muertos, unas 400 personas con heridas oculares por la represión policial y miles de agentes heridos.
Ríos también estaba cuestionada por su gestión en el nombramiento del fiscal nacional, cuyos dos primeros nombres propuestos por el presidente fueron rechazados por el Parlamento. Un tercer candidato para ese cargo debe votarse este lunes 9 de enero.
La salida de Ríos -el tercer cambio ministerial en nueve meses de gestión- constituye otro tropiezo para el presidente Boric, cuyo mayor golpe fue el rechazo a la propuesta de nueva Constitución, el 4 de septiembre pasado, con el que su gobierno se había comprometido.
A esta situación se le sumó horas después la renuncia del abogado de Convergencia Social, que era nada menos que el Jefe de Gabinete de Boric.
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