Leonardo Aguilar, titular de la seccional Tierra del Fuego de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), se refirió ante los micrófonos de ((La 97)) Radio Fueguina al resonante caso de la condena por trata de personas a José Onofre Villarroel Soto, propietario de la estancia San Justo.
El Tribunal Oral Federal lo condenó al estanciero por encontrarlo culpable de trata de persona por explotación laboral, en perjuicio de un peón rural de 44 años. Además, Villarroel enfrenta ahora una demanda civil por más de $ 21 millones.
El caso cobró pública notoriedad en estos días cuando se conoció la ejemplar condena, pero data del año 2018, cuando el hombre conoció en Tolhuin a Villarroel Soto, quien le dio trabajo temporario en primera instancia y luego de forma permanente como cuidador en el establecimiento rural.
Algunas de las peripecias que debió afrontar el damnificado, fueron escasa paga (que no se concretó prácticamente nunca) miserables condiciones de vivienda, comida e higiene, maltrato, abuso laboral, y retención del documento nacional de identidad, entre otras.
Aguilar relató que la persona, en diciembre de 2019, se presentó en el destacamento policial José Menéndez gracias a que una persona de la estancia lo acercó. Allí informó a los agentes de su situación. Por disposiciones protocolares tomó intervención el gremio que representa Aguilar, “lo protegimos, lo llevamos a nuestra oficina, dialogamos con él y con sus respuestas nos daba una presunción de trata con fines de explotación laboral”.
Inmediatamente lo asistieron para que exponga su situación a través de la línea nacional 145, “donde se denuncian este tipo de casos y ahí se activa el protocolo de presunción de trata y se lleva a la Justicia Federal”, explicó. En este punto el proceso continúa ya sólo en el ámbito judicial, y el gremio no es parte en la causa. “Ayer nos enteramos de la sentencia, la recibimos con mucha alegría” expresó Aguilar.
Sorpresas en las fiscalizaciones
El dirigente retrocedió en el tiempo y relató tres fiscalizaciones que desde UATRE hicieron sobre el establecimiento apuntado, todas con resultados positivos: “La primera en 2016, cuando recién asumíamos, nos encontramos con dos trabajadores, redactamos las actas pertinentes y al llegar al pueblo la información fue que el empleador los despidió inmediatamente. La segunda fiscalización es la que ocurre con este compañero, que se detecta esta situación posible trata de personas, se radica la denuncia y se lo acompañan todo el proceso”.
Puntualmente en el caso de San Justo, describió que principalmente la casa no se encontraba en condiciones, la alimentación era deficiente y pobre, el trabajador tenía que pedir autorización para bajar al pueblo y lo hacía sólo “escoltado” por el empleador, que además le retuvo el DNI durante todo el período laboral. Además, hacía un buen tiempo que no cobraba su salario, acordado muy por debajo de lo que indica la escala laboral. “Eran varias situaciones que daban indicio de explotación laboral. Estaba viviendo una pesadilla” reflejó con crudeza.
Una vez que los protocolos se activaron, entre otras cosas abordaron la problemática inmediata del hombre, que además de haber padecido lo que padeció, quedó sin trabajo, sin vivienda, sin sustento y en una ciudad que no conocía. “En ese momento los protocolos, que no estaban aceitados como están hoy, sirvieron para resguardarlo. El municipio puso a disposición un lugar para que duerma, diferentes entes se activaron para cubrirlo por un tiempo. Después, de ahí en más consiguió un trabajo en el pueblo, comenzó a hacer algunas changas para subsistir, hasta la situación actual, que está a la espera de la sentencia de la parte civil”. Confirmó que el hombre no regresó al campo.
Sorpresivamente, Leonardo Aguilar informó que tiene curso contra el recientemente condenado José Onofre Villarroel Soto una segunda denuncia, de otro trabajador recién llegado a la provincia que, en el mismo establecimiento y en fecha posterior al caso que recibió ayer sentencia, sufrió iguales situaciones, como tener que pedir autorización para bajar al pueblo, condiciones miserables y retención de su DNI, etc.
También existe una tercera denuncia vigente muy similar, pero contra el propietario de otro establecimiento rural de la zona centro de la provincia.
El trabajo rural en Tierra del Fuego
En otro orden, Leonardo Aguilar explicó que, en términos sindicales, los trabajadores rurales de todo el país se encuentran a la espera de una reunión de paritarias a nivel nacional donde aguardan un aumento largamente postergado.
Puntualmente en Tierra del Fuego, reflejó que en general “las condiciones laborales son mucho mejores que la media de a nivel nacional. En todos lados siempre hay cosas por mejorar, pero tenemos de las mejores condiciones del país”.
Puntualizó en relación con las constantes fiscalizaciones donde siempre detectan situaciones por mejorar, que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Trabajo: “Hacemos las veces de veedores y ante las situaciones que detectamos, volvemos al pueblo, hacemos las denuncias en el Ministerio, el Ministerio nos acompaña en una segunda inspección donde exige el mejoramiento de condiciones” detalló.
Las falencias más frecuentes son falta de entrega de elementos de protección personal, casas en muchos casos no en estado aceptable, o deficiencias en la alimentación. En esto último distinguió que “la Ley estipula cantidad y calidad suficiente, pero no qué tipo de calidad, muchas veces son fideos, carne, papa y no mucho más”. Lo elogiable, según relató, es que “en muchos casos se trabaja con diálogo, te acercás a las oficinas de la estancia, pedís cambios y generalmente ocurre”. Pero si no es así, se formula denuncia en el Ministerio de Trabajo, que es órgano de contralor con poder de policía para intervenir en estos casos.
En términos salariales, la provincia “no tiene mayores inconvenientes” señaló. En casi todos los establecimientos el empleador paga al menos lo que dice la escala, y de ahí hacia arriba. Un peón general actualmente percibe en la provincia un salario de $ 83.296,80 mensuales, que es el sueldo más bajo de la escala. Un encargado recibe al mes $ 106.855,90, el más alto. En todos los casos los ingresos ya incluyen el ítem zona, que para el sector rural es de apenas un 20%.
La Ley que a nivel nacional regula la actividad, la 27.727, dispone acuerdos salariales en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, una escala nacional referencial de valores mínimos que los establecimientos deben pagar. La misma norma indica que todo trabajador rural tiene que tener comida y vivienda sin costo.
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