Juan Arriazabalaga es concejal del partido bonaerense de Tandil por el Frente de Todos, y además referente de la Federación Nacional de Inquilinos, con larga trayectoria, pese a su juventud, en la lucha, tan enorme como desigual, de la gran masa de argentinos que debe alquilar algún inmueble para uso como vivienda.
Lo primero que reflejó Arriazabalaga en una entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina, fue lo que denominó “una explosión” en los precios de los alquileres a lo largo y ancho del país, donde no existe ningún tipo de regulación y cuya consecuencia incide negativamente en el valor que un inquilino debe pagar por alquilar una vivienda.
“Pero su vez -explicó- no hay control de los precios de inicio, y en un marco de expectativa inflacionaria, cuando viene un cambio de contrato, los precios dan un salto fenomenal con un piso muy alto que impacta fuertemente en los ingresos y salarios”.
Peor es el panorama que pintó para cuando, luego, llegan los ajustes anuales que, si bien quedan siempre por debajo de la inflación, “lo cierto es que empezaste con un piso muy alto que además no se cumple porque muchos propietarios quieren terminar a los dos años o al año te dicen que te vayas buscando otra cosa. No hay control del Estado sobre esto, y en el marco económico nacional, a río revuelto ganancia para los pescadores”. En ese razonamiento inscribe el dirigente el verdadero padecimiento de los inquilinos que sufren una situación asfixiante en términos económicos a la hora de pagar un alquiler.
Esta crisis descripta, y potenciada por la situación económica general, es también parte de la crisis de acceso a la vivienda, una crisis “de paradigma” como la define, la de no tener en claro de qué forma abordar el problema de la vivienda en la Argentina.
“Se perdió la idea de que la vivienda es un bien social” lamentó el edil tandilense. Hoy en día, considera que la vivienda pasó a ser “una mercancía más, una reserva de valor, además dolarizada, por lo que impacta fuertemente. Así se genera una especulación inmobiliaria, más la ausencia de regulación, provoca un impacto muy fuerte en el mercado de alquiler, cuando la gente ve depreciado su ingreso en pesos y no puede acceder”. Por eso reclamó al respecto “una discusión estratégica”.
Mencionó dos situaciones que impactan fuertemente en el caótico mercado de alquileres. Por un lado, la vivienda vacía, y por el otro la que se reperfila para alquiler temporario y así se retira del mercado de alquiler permanente. “Eso genera otra dinámica total en la ciudad y en el mercado del turismo, pero que impacta en el mercado de la vivienda para el residente” concluyó.
En términos de precios, analizó que los que se manejan “no tienen ningún vínculo con los ingresos del laburante de a pie. Es un choque entre oferta y demanda turística u oferta universitaria y demanda del residente local, donde hogares con hijos se ven excluidos del mercado”. Por otro lado, mencionó esos muros artificiales que se interponen entre el trabajador y la vivienda a alquilar, condicionantes como garantías, recibos de sueldo, hijos, madres solteras, que lo convierten en un mercado sumamente condicionado, caldo de cultivo para el encarecimiento del precio sin regulación ni referencia.
“Se confunde mercado con caos. Lo que hoy hay en alquileres, es caos” definió claramente Juan, “totalmente desbocado, una vivienda puede estar tres meses vacías, y luego dos fines de semana con alquiler temporario, etc. En esta lógica profundizamos la crisis habitacional” como único resultado posible.
Otro de los asuntos problemáticos que explicó es el referido a la comisión inmobiliaria que los inquilinos deben pagar en la mayoría de las provincias. Ejemplificó con el caso de Buenos Aires, donde las partes, según la normativa, deberían pagar mitad y mitad los honorarios del 4%: “Se lo cobran todo al inquilino, te cobran el 4% por tres años de contrato, lo que lo transforma en el mayor costo, un impedimento para acceder al contrato. Incluso algunos les cobran el 5 el 6 o el 7% porque no hay control”.
Al respecto anunció la lucha que promueven para que no sean los inquilinos quienes deban pagar la comisión, según el siguiente razonamiento: “Los inquilinos no somos quienes contratamos a la inmobiliaria, sino los propietarios contratan a un profesional que les gestione su o sus inmuebles. Entonces es el propietario el que debe sacar de su rentabilidad ese costo. Sin embargo, eso hoy lo paga el inquilino. Ahí hay una injusticia que no depende de la macroeconomía ni de la guerra en Ucrania, es un problema de injusticia que debe ser modificado”, señaló.
Finalmente, Juan Arriazabalaga conceptualizó sus reflexiones, fundadas en un sólido conocimiento del rubro, y enunció que en nuestro país es necesario “volver a ponerse de acuerdo sobre el derecho a la vida en la ciudad, el derecho al acceso a la vivienda y que el trabajo y el esfuerzo valgan y no termine siendo un lujo poder alquilar, como si fuera una salida de vacaciones, cuando es lo básico tener un techo para vivir”. En eso consiste su reclamo, en instaurar el debate sobre un derecho vital, ni más ni menos.
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